Ismael “El Mayo” Zambada ya fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Durante décadas encabezó una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, traficó toneladas de droga, ordenó asesinatos y, según reconoció ante la justicia estadounidense, sobornó a funcionarios mexicanos para proteger sus negocios.
Pero en Morena parecen tener una preocupación mucho más urgente: saber exactamente cómo lo llevaron a Estados Unidos.
No les quita el sueño que uno de los mayores narcotraficantes de la historia haya operado durante más de cuarenta años en México.
Tampoco que haya construido una red de complicidades políticas, financieras y policiales.
Lo verdaderamente indignante, para ellos, es que las autoridades estadounidenses no hayan entregado el itinerario, la lista de pasajeros y, de ser posible, hasta el comprobante de combustible de la avioneta.
La dirigencia de Morena respaldó públicamente la exigencia del gobierno federal para que Estados Unidos esclarezca si el FBI participó en el traslado de Zambada.
Hablan de soberanía, Estado de derecho y respeto entre naciones.
Conceptos muy importantes, desde luego, aunque curiosamente fueron bastante menos importantes cuando El Mayo vivía tranquilamente en territorio mexicano, rodeado de sicarios, operadores financieros, funcionarios sobornados y protección política.
La soberanía morenista funciona de manera extraordinaria: no sirve para impedir que los cárteles controlen regiones enteras, pero aparece vigorosa cuando otro país captura a un narcotraficante que México nunca pudo —o nunca quiso— detener.
El gobierno de Donald Trump evidentemente no comparte aquella brillante estrategia de “abrazos, no balazos”.
Mientras el gobierno de López Obrador administró el problema, evitó confrontar a los criminales y convirtió la pasividad —y, muy probablemente, la complicidad— en doctrina de seguridad, Estados Unidos decidió actuar conforme a sus propios intereses.
Puede discutirse la forma en que Zambada llegó a territorio estadounidense, pero resulta difícil ignorar el dato central: allá fue procesado y condenado; aquí pasó décadas acumulando poder.
Por eso la insistencia del oficialismo despierta una pregunta inevitable: ¿por qué les preocupa tanto el traslado?
Hasta ahora no existe evidencia pública de que El Mayo esté colaborando formalmente con los fiscales estadounidenses.
Su abogado incluso ha negado que haya entregado información sobre políticos corruptos o integrantes de otras organizaciones criminales.
Pero también es cierto que Zambada conoce como pocos las entrañas del narcotráfico mexicano: rutas, estructuras financieras, prestanombres, empresas, mandos policiales, funcionarios y acuerdos construidos durante décadas.
Sabe quién recibió dinero. Quién permitió operar. Quién hizo campaña con recursos de procedencia dudosa.
Quién protegió territorios. Quién volteó hacia otro lado. Y quién convirtió la tolerancia al crimen organizado en política de gobierno.
Quizá por eso en Morena no preguntan cómo pudo El Mayo permanecer libre durante tantos años, sino cómo fue llevado ante la justicia.
No investigan con el mismo entusiasmo sus redes de protección, pero exigen conocer cada detalle del operativo estadounidense.
Morena asegura que no es un narcopartido. Perfecto. Entonces debería encabezar las investigaciones, abrir archivos, revisar campañas y exigir que se conozca toda la red de corrupción mencionada por Zambada.
Porque cuando un partido teme más a las declaraciones de un narcotraficante que a sus crímenes, la pregunta ya no es cómo llegó El Mayo a Estados Unidos.
La pregunta es: ¿a quién puede llevarse entre las patas cuando decida contar lo que sabe?
