La declaración del director de la DEA, Terrance Cole, no fue diplomática, prudente ni cómoda.
Fue brutalmente directa: existe una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano.
Y remató: “Son lo mismo”. No habló de algunos policías corruptos, de funcionarios aislados ni de las tradicionales “manzanas podridas” que Morena utiliza para explicar cualquier escándalo.
Habló de una estructura en la que crimen y poder público resultarían inseparables.
Ante una acusación de esa gravedad, cualquier gobierno serio exigiría pruebas, abriría investigaciones y ofrecería cooperación para aclarar responsabilidades.
El nuestro seguramente prefiere el repertorio habitual: indignación, soberanía, injerencia extranjera y una conferencia matutina dedicada a explicar que todo es una campaña de la derecha internacional.
Porque investigar incomoda; envolverse en la bandera siempre resulta más barato.
Cole aseguró que los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, proveedores químicos y lavadores de dinero constituyen la prioridad número uno de la DEA.
También advirtió que Estados Unidos está vigilando y contraatacando.
No parece una frase improvisada: es el anuncio de una estrategia que ya no distingue con claridad entre perseguir a los narcotraficantes y perseguir a quienes, desde el poder, presuntamente los protegen.
Por supuesto que debemos rechazar cualquier intervención extranjera que vulnere la soberanía nacional. México no puede aceptar que otro país decida unilateralmente qué hacer dentro de nuestro territorio.
Pero la soberanía no puede convertirse en refugio de impunidad, ni en chaleco antibalas para funcionarios sospechosos.
Defender la soberanía exige primero defender al Estado de quienes lo capturan, lo corrompen y lo ponen al servicio del crimen.
El problema es que el gobierno mexicano ha hecho exactamente lo contrario.
Cuando surgen acusaciones contra personajes del oficialismo, la respuesta no es investigar, sino proteger. El caso de Rubén Rocha Moya es ilustrativo.
Frente a los señalamientos formulados desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, el aparato federal cerró filas y repitió que no existen pruebas.
Es curioso: para perseguir opositores basta una sospecha, una filtración o una portada; para investigar a uno de suscompañeros de narcopartido exigen expediente completo, sentencia firme, confesión notariada y, de ser posible, video en alta definición.
Así se entiende la preocupación de Washington. ¿Cómo esperar que un gobierno investigue a fondo una posible red de complicidades cuando sus principales figuras están más ocupadas en desacreditar las acusaciones que en esclarecerlas?
¿Cómo confiar en instituciones que parecen diseñadas para contener los escándalos y no para combatir los delitos?
La injerencia extranjera nunca debería ser la solución. Pero también es cierto que el vacío institucional termina siendo ocupado por alguien.
Si México renuncia a investigar, si protege a los señalados y si convierte la lealtad partidista en política de seguridad, entonces otros actuarán bajo el argumento de defender a sus ciudadanos.
Morena llegó prometiendo separar al poder político del poder criminal.
Hoy, desde la DEA aseguran que son uno mismo. Podrán acusar intervencionismo, conservadurismo o conspiración.
Lo que no podrán explicar es por qué, cada vez que se señala a uno de los suyos, reaccionan como si hubieran señalado a todos.
