El gobierno federal encontró, por fin, la “fórmula mágica” para “reducir la violencia” en México: no fue una estrategia de seguridad, no fue inteligencia, no fue coordinación, no fue justicia. Fue algo mucho más sencillo: cambiar las categorías.
Si los homicidios incomodan, se mueven de cajón. Si las ejecuciones manchan la gráfica de la mañanera, se les busca otro nombre.
Si los muertos estorban al relato oficial, se les acomoda en una clasificación menos escandalosa.
Así cualquiera presume resultados. No bajaron las muertes: maquillaron las cifras.
Desde septiembre de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó su metodología y pasó de 53 a 71 categorías de delitos; es decir, abrieron más compartimentos para repartir la tragedia.
Antes una muerte violenta tenía menos caminos para perderse en el laberinto estadístico; ahora puede terminar clasificada como homicidio culposo, como otro delito contra la vida o como cualquier etiqueta suficientemente técnica para que no arruine el discurso presidencial.
No cambió la violencia. Cambió la manera de esconderla.
El truco se nota en los números. En diciembre de 2025, con la metodología anterior, se registraron 1,283 víctimas de homicidio. Para enero de 2026, ya con el nuevo maquillaje, 861.
Más de 400 casos de diferencia gracias a un gobierno decidido a convertir el dolor nacional en una operación de contabilidad política.
Los ejemplos estatales son todavía más insultantes. En Zacatecas, durante el primer cuatrimestre de 2026, se registraron 154 víctimas de homicidio culposo frente a solo 29 de homicidio doloso.
Es decir, en un estado golpeado por los cárteles, resulta que las muertes “accidentales” quintuplican a los asesinatos.
Qué casualidad tan conveniente. En Quintana Roo, los homicidios culposos llegaron a 330 frente a apenas 50 dolosos.
Allí, según la estadística oficial, la gente muere seis veces más por accidente que por violencia intencional. Uno no sabe si revisar las cifras de seguridad o pedir una auditoría al sentido común.
La misma lógica aparece en Michoacán y Chiapas, donde las muertes clasificadas como culposas duplican a los homicidios dolosos.
En Baja California Sur, los llamados “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal” casi septuplican a los homicidios dolosos: 116 contra 17.
En Estado de México, Hidalgo y Veracruz también aparecen desproporciones que exigen explicaciones serias, no frases de propaganda.
Porque cuando una categoría crece de manera sospechosa justo mientras otra baja, la pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una reducción real de la violencia o frente a una mudanza estadística de los muertos?
Mientras tanto, el gobierno presume una reducción superior al 40% en homicidios, pero guarda silencio frente a la otra gráfica: la de las desapariciones.
Esa que no se luce en pantalla. Esa que no cabe en el discurso optimista. Esa que condena al oficialismo.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el promedio diario de desapariciones ha crecido de manera brutal: de ocho personas al día con Felipe Calderón, a quince con Enrique Peña Nieto, veinticinco con López Obrador y treinta y seis en lo que va de la actual administración.
Treinta y seis personas desaparecidas cada día. Treinta y seis familias condenadas a buscar, preguntar, excavar y esperar.
La lógica del poder parece ser terrible: si no hay cuerpo, no hay homicidio; si no hay homicidio, baja la cifra; si baja la cifra, hay éxito.
Pero México no necesita un gobierno que se felicite por esconder mejor la tragedia.
Necesita un gobierno que enfrente la violencia, que investigue, que proteja a las víctimas y que deje de usar la estadística como maquillaje de una crisis humanitaria.
Porque contar bien los muertos también es una forma de respetarlos. Clasificarlos mal es desaparecerlos por segunda vez. Primero los arrebata la violencia; después los borra la burocracia.
Y eso no es una estrategia de seguridad. Es propaganda con olor a podredumbre e impunidad.
México merece verdad, no trucos de Excel. Merece paz real, no paz de utilería. Porque la muerte no se combate cambiándole el nombre.
Y la violencia no desaparece por decreto, aunque al gobierno le resulte muy cómodo esconderla debajo de la alfombra de la mañanera.
