Morena ha encontrado una solución verdaderamente revolucionaria para los problemas de México: si la realidad incomoda, no hay que cambiarla; basta con regular la manera en que se cuenta. Para qué combatir la violencia, mejorar los servicios de salud, recuperar la economía o frenar la corrupción, si resulta mucho más sencillo vigilar a periodistas, conductores y medios para determinar cuándo informan, cuándo opinan y, quizá muy pronto, cuándo deben guardar silencio.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El nombre es impecable. ¿Quién podría estar en contra de proteger a las audiencias? El problema, como ocurre frecuentemente con Morena, aparece cuando uno deja de leer el título propagandístico y comienza a revisar la letra pequeña.
El proyecto pretende obligar a las estaciones de radio y televisión a distinguir mediante plecas, cortinillas o mensajes cuándo se presenta información y cuándo se expresa una opinión. También establece códigos de ética, defensorías, procedimientos de queja y posibles sanciones para los concesionarios que no atiendan determinadas recomendaciones. Diversos especialistas han advertido que algunas de esas facultades ni siquiera aparecen expresamente en la legislación aprobada por el Congreso. Es decir: la autoridad no sólo quiere aplicar la ley, también parece dispuesta a inventarse atribuciones sobre la marcha.
Separar información y opinión parece muy sencillo en una conferencia de Morena: primero viene la opinión, después la propaganda y al final la descalificación. En el periodismo real, en cambio, los hechos requieren contexto, interpretación, antecedentes y contraste. Pretender que una autoridad administrativa trace una frontera absoluta entre información y opinión equivale a entregarle la facultad de decidir qué contenidos son aceptables y cuáles merecen castigo.
El riesgo no es únicamente la censura directa. También está el llamado efecto inhibidor: medios y periodistas podrían evitar asuntos incómodos, suavizar críticas o renunciar a determinados enfoques para no enfrentar procedimientos y multas. La autocensura es especialmente eficaz porque evita que el gobierno tenga que prohibir algo abiertamente: basta con que todos sepan que informar puede salir caro.
La defensa de las audiencias es necesaria, pero sólo puede funcionar con autoridades independientes, reglas claras, debido proceso y resoluciones que puedan ser impugnadas. Los lineamientos propuestos carecen de contrapesos suficientes y dejan demasiado espacio a la discrecionalidad. La experiencia internacional demuestra que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son enemigos; ambos dependen de instituciones capaces de contener al poder, no de obedecerlo.
Y aquí aparece la pregunta que Morena preferiría no contestar: ¿estos criterios también se aplicarán a las conferencias gubernamentales transmitidas por medios públicos? ¿También se señalará cuándo una declaración oficial es opinión, propaganda, información falsa o dato descontextualizado? La consulta debería aclarar expresamente ese alcance.
Porque resulta muy cómodo invocar a “las audiencias” para controlar a los medios, mientras desde el poder se difunden acusaciones, medias verdades y ataques sin defensoría, cortinilla ni sanción alguna.
Morena dice querer proteger el derecho de la gente a estar informada. Pero cuando el gobierno pretende convertirse en árbitro de la verdad, la pregunta ya no es quién protege a las audiencias. La pregunta es: ¿quién nos protege del protector?
