Comienzo, para que quede claro, con que no tengo idea si Ernesto Ruffo o Ángel Aguirre, ambos exgobernadores de sus estados, son culpables de los delitos que les ha imputado la fiscalía que dirige Ernestina Godoy.
Pero sí parece estar más claro, en estos tiempos, el uso político de la fiscalía por parte del gobierno del que, orgullosamente, Godoy es parte. Aquello de la autonomía siempre ha sido un sueño nunca cumplido por más que se empeñen en repetirlo.
El arresto de Aguirre y la explicación que la fiscal dio en un mensaje por video lo deja bastante claro.
Cito de la nota de nuestro sitio web de ayer: “en enero de 2026 una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel N, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”.
Además, señaló que en mayo de 2026 un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel N ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala.
Dos testimonios de otros acusados. No es difícil intuir que uno de ellos sea quien era secretario de Seguridad estatal en los días de la tragedia de Ayotzinapa, detenido desde hace cuatro años por presuntos vínculos con el grupo Guerreros Unidos.
De la inexistencia o desaparición de esos videos se sabe hace muchos años. El tema está ampliamente tratado en expedientes, investigaciones y en la investigación y recomendación de la CNDH. La otra, la seria; no la de ahora. Cierto que nunca se supo por qué no existieron.
La acusación a Aguirre, como antes la de Ruffo, sirve para seguir culpando al pasado y a la oposición de todo.
Pero, al mismo tiempo, si concedemos que los dos exgobernadores merecen lo que les ha sucedido, se debería intensificar la pregunta de: ¿y los de ahora? ¿Nada tienen que ver los gobernadores de hoy con lo que sucede en sus estados? O por qué entonces hay que mandar tanto Ejército y Guardia Nacional a solucionar las cosas.
Ahí está, por supuesto, Rocha Moya, acusado por declaraciones de delincuentes buscando beneficios. Igual que lo que contó ayer la fiscal. Él, tranquilo.
Son tiempos electorales. Son los tiempos para los intocables. Para los demás, temporada de caza.
