Un país sin justicia es un país en el que los ciudadanos se saben directamente amenazados por los más fuertes, los más ruines y los más corruptos.
Lo primerísimo que necesita un individuo en una sociedad mínimamente civilizada es estar amparado por las leyes y el derecho. O sea, tener las más elementales certezas para poder llevar una vida de bien sin temer que se le aparezca, en el momento menos pensado, un sujeto que pueda despojarlo de su patrimonio o perpetrar flagrantes atropellos a su persona sin que la justicia responda. O, peor aún, operando el aparato judicial a favor del agresor.
Una de las más nefarias frases atribuidas a un hombre de Estado hubiera brotado de los labios del propio Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. No hay prueba de que la haya proferido pero el hecho de que tan desafortunada expresión figure en nuestro paisaje nos habla de que en esta cultura desestimamos el valor intrínseco de la legalidad.
Ahora mismo, somos espectadores directos del más flagrante contubernio entre los sumos procuradores de justicia en México y algunos personajes que medran en las filas del oficialismo, muchos de ellos tan abiertamente delincuenciales que figuran ya como acusados formales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Las denuncias y las demandas presentadas aquí contra muy conspicuos adalides del movimiento morenista –imputaciones tan graves como violaciones a mujeres, en algunos casos— han sido oportuna y convenientemente desatendidas por las fiscalías.
Este régimen encubre flagrantemente a los suyos, señoras y señores, estando las evidencias ahí, a la vista de todos, habiendo testigos y parte acusadora, existiendo víctimas reales y delitos tan grandes como una casa. ¿Y las “autoridades”? Operan de manera deliberada para que los sumarios no procedan mientras que los pregoneros gubernamentales califican de “fachos”, “traidores” o emisarios de la maligna “derecha” a quienes buscan, pues sí, que se haga justicia y nada más.
En el encuentro que tuvo el señor Rocha Moya con un siniestro jefe criminal fue asesinado el rival político del gobernador sinaloense. La fiscalía estatal dispuso entonces toda una escenografía para camuflar el suceso y hacerlo aparecer como un atraco acaecido en una estación de servicio. El montaje fue desenmascarado por los mandos federales. Pues bien, tan escandaloso montaje no ha merecido ninguna acción penal y la autora del sainete se fue tranquilamente a su casa.
Acabamos de escuchar una grabación de la gobernadora de Baja California: negocia la mujer con un intermediario de agencias estadounidenses para dar información sobre asuntos de seguridad pública en México a cambio, al parecer, de no ser perseguida criminalmente por la justicia del vecino país. Tampoco pasa nada, los sabuesos mexicanos cruzados de brazos.
Ah, pero qué eficaz y qué profesional la justicia que administra doña 4T para encarcelar a un antiguo mandatario opositor de ese mismo estado. Y, pues sí, “la ley a secas”. Estamos todos avisados.
