La FGR entregó a un juez federal una carpeta de investigación que contiene más de 36 mil fojas, y de ella derivó que vincularan a proceso a Ernesto Ruffo y otros, imputándoles delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Por lo voluminoso del expediente es válido afirmar que se trata de una indagatoria en la que intervinieron muchos funcionarios públicos, pero de ello no deviene que estén debidamente fundadas y motivadas en derecho las imputaciones que ahí se formulan. Eso tendrá que demostrarlo la FGR durante el desarrollo del procedimiento incoado, y los tribunales competentes validarlo.
Refiriéndome exclusivamente a Ernesto Ruffo, la fiscalía no ha dado a conocer ninguna conducta atribuida concretamente a éste, que de acuerdo con la ley merezca ser tipificada como delito. Solamente difunde conjeturas y dice que dicha persona es accionista de una empresa que supuestamente está involucrada en los referidos hechos delictuosos.
Lo cierto es que Ruffo está recluido en un penal de alta seguridad como si fuera un torvo criminal, y el gobierno federal pérfidamente lo ha expuesto al escarnio público, imputándole ser el principal huachicolero de México. La más enjundiosa en esa infamia es la Arpía (con A) quien, enfundada en su “investidura”, vocifera desde su tribuna imperial que “hay muchísimas pruebas” que involucran a Ruffo en los delitos por los que está en prisión.
Además, ha tenido la osadía de reiterar, con inaudito cinismo, que “no se trata de un asunto político, sino exclusivamente jurídico”, cuando sus propias palabras acusadoras acreditan que ella está ilegalmente inmiscuida en el caso (encima de la fiscalía y sustituyendo al juez) confirmando así el sucio fondo político que la persecución contiene.
Es ofensivo para México que la primera mujer en llegar a la Presidencia exhiba ante el mundo su nula respetabilidad y su innata perversidad.
Ahora bien, Ernesto Rufo jamás se escondió, acudió puntual ante la fiscalía cuando fue requerido, alegó su inocencia y expresó su disposición para demostrarla aunque la ley no se lo exige, porque el que acusa es quien debe sustentar los cargos. No implora perdón ni busca privilegios, solamente demanda el respeto a la presunción de su inocencia, un juicio justo y que, conforme al artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se modifique la medida cautelar que se le ha impuesto (de permanecer durante el procedimiento en un penal de alta seguridad) y se ordene su prisión domiciliaria.
Si con la captura de Ruffo ya lograron distraer el reproche social a Rocha Moya, Marina del Pilar, Adán Augusto y muchos más (contra quienes sí hay muchísimas pruebas) de continuar con la sevicia que lacera a un ser humano y a la sociedad aparecerá esa canallada en la historia personal de la primera mujer presidente de México.
