En las últimas semanas, México vivió una de esas raras victorias ciudadanas que renuevan la fe en la movilización colectiva.
El megaproyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo —un parque acuático de lujo con toboganes gigantes, ríos artificiales y capacidad para 21,000 visitantes diarios sobre 90 hectáreas de selva costera y manglares— fue frenado por la SEMARNAT, gracias a la presión de sociedad civil.
La secretaria Alicia Bárcena lo confirmó el pasado 19 de junio en una rueda de prensa, donde mencionó que no se aprobarán los permisos por el riesgo irreversible al Sistema Arrecifal Mesoamericano, tortugas marinas, jaguares y el ecosistema en general.
Fue loable. Activistas, científicos, comunidades locales, organizaciones como Greenpeace y Selvame, así como las y los ciudadanos en general, alzaron la voz con tal fuerza que las autoridades no pudieron ignorarlo.
Mahahual demostró que cuando la ciudadanía se organiza, los megaproyectos ecocidas pueden retroceder, pero sobre todo, demostró que esa victoria no fue solo para Quintana Roo sino para todo un país con sed de justicia, pues sentó un precedente a nivel nacional.
Porque no solo es Mahahual. La lista de amenazas es extensa y urgente. Detener un proyecto no basta, mientras que otros avanzan en silencio. Es urgente que logremos frenar a quienes piensan que México es un terreno baldío para que inversionistas extranjeros o nacionales excaven, privaticen playas y hoteles de lujo mientras la gente común pierde acceso a sus costas, aguas y biodiversidad.
Por ejemplo, en Puerto Libertad, el Proyecto Saguaro de Mexico Pacific busca instalar una planta de gas natural licuado que transformaría el Golfo de California en una ruta permanente de buques metaneros. Ballenas azules, grises, vaquitas marinas y uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta quedarían expuestos a contaminación acústica, colisiones y posibles derrames. A pesar de amparos y suspensiones, el proyecto continúa avanzando.
En Playa Las Cocinas, desarrollos turísticos de lujo amenazan playas públicas y zonas de anidación de tortugas laúd, golfina y carey, acelerando además la erosión costera. El acceso al paraíso termina reservado para unos cuantos, mientras las consecuencias ambientales y sociales recaen sobre la población local.
Algo similar ocurre en Tepoztlán, donde urbanizaciones irregulares avanzan sobre Oztopulco y la llamada Cueva del Diablo, hábitat clave del murciélago magueyero mayor, especie endémica en peligro crítico. No se trata solamente de perder biodiversidad: también está en juego la polinización natural de los agaves y un patrimonio biocultural profundamente ligado a la identidad de la región.
En Sierra de la Laguna, reserva de la biosfera y fuente principal de agua para miles de personas, persisten las amenazas de minería a cielo abierto y desarrollos extractivos. Mientras tanto, en Bahía de Loreto, nuevos decretos portuarios abren la puerta a un incremento de megacruceros que contaminan el mar, alteran ecosistemas y ponen en riesgo especies marinas mediante colisiones y contaminación.
La historia se repite también en Bahía de Ohuira y Topolobampo, donde plantas de amoníaco y metanol amenazan humedales protegidos, pesquerías y comunidades indígenas Mayo-Yoreme. Dragados, gasoductos y contaminación química son presentados como “progreso”, aunque en realidad responden a un modelo extractivo que deja ganancias privadas y daños colectivos.
Y los casos siguen acumulándose: Piedras Pintas, despojos territoriales en Yucatán, violencia y extractivismo en Chilapa, o proyectos urbanos cuestionados como el Cablebús en Puebla. Cambian los nombres y los estados, pero la lógica permanece intacta: lucro privado por encima del derecho colectivo al territorio, al agua, a la biodiversidad y a la ciudad.
Llamarle “desarrollo” a este modelo resulta cada vez más insostenible. No es desarrollo cuando las comunidades pierden acceso a sus playas. No es progreso cuando los ecosistemas quedan destruidos para beneficiar fondos de inversión o corporaciones multinacionales. No es modernidad cuando el costo ambiental y social lo pagan siempre los mismos.
La lección de Mahahual no debe convertirse en una excepción simbólica, sino en el inicio de una nueva etapa de resistencia ciudadana. Porque si algo dejó claro, es que cuando una comunidad se moviliza, incluso los gigantes pueden retroceder.
