Las muertes de mexicanos en centros de detención en Estados Unidos no son hechos aislados ni “incidentes desafortunados”. Son la expresión más cruda de un sistema migratorio que castiga la movilidad humana y deshumaniza a quienes la ejercen. Lo ocurrido recientemente en California —documentado desde la voz del Cónsul Salvador Percastre Mendizábal, titular en el consulado de San Bernardino, California— vuelve a encender una alerta que durante años ha sido ignorada.
Desde su llegada al cargo, el Cónsul Salvador Percastre ha destacado por una actuación activa en territorio, con visitas constantes a centros de detención, entrevistas directas con connacionales y una insistencia poco común en exigir información a las autoridades estadounidenses. Su labor ha sido clave para visibilizar lo que ocurre en estos espacios opacos.
Hoy el contexto es distinto. El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a endurecer su posicionamiento. Ya no se trata únicamente de notas diplomáticas: hay una narrativa más firme que apunta a responsabilidades estructurales y a la exigencia de justicia. La posibilidad de acompañar acciones legales contra centros de detención marca un punto de inflexión. Los datos son alarmantes: 14 muertes bajo custodia en Estados Unidos, cuatro de ellos en el sur de California. Pero más grave aún es la opacidad: sin reportes médicos, sin causas claras, sin acceso pleno a lo que ocurre dentro. Como ha reiterado nuestra fuente, la acción consular tiene límites claros, y es en ese margen donde se diluyen responsabilidades.
El problema no es sólo lo ocurrido, sino lo que puede seguir ocurriendo. Los centros de detención son espacios de riesgo permanente para miles de connacionales. La vigilancia consular —fortalecida por perfiles como el del Cónsul General en San Bernardino— es necesaria, pero insuficiente frente a un sistema que opera con discrecionalidad. A ello se suma la renuencia e hipocresía del sistema estadounidense, que permite condiciones que derivan en sufrimiento e incluso muertes en sus centros de detención, mientras limita el acceso consular pleno, pese a exigir en el mundo trato irrestricto para sus propios ciudadanos en el extranjero.
En este escenario, el relevo en política exterior no es menor. La salida de Juan Ramón de la Fuente abre una nueva etapa. Su sucesor Roberto Velazco Álvarez—formado en la línea de Marcelo Ebrard y ya con vasta experiencia en América del Norte— llega en un momento donde la diplomacia mexicana no puede limitarse a la cortesía.
La expectativa es clara: pasar de la contención a la presión efectiva. Porque cuando un migrante muere bajo custodia, no es sólo una tragedia individual; es una responsabilidad de Estado. Y México, empujado también por el trabajo en campo de sus consulados, está dispuesto a recordárselo a su vecino con la firmeza del caso.
