Durante lo que parece ser la temporada intermedia de la pandemia en México, el tema laboral es uno de los aspectos más relevantes en la vida social y económica del país. Cifras oficiales estiman que la crisis del covid-19 dejará aproximadamente un millón de personas sin empleo en México. Es evidente que la necesidad de suspender temporalmente las actividades laborales ha llevado a las empresas a una crisis financiera para sostener los empleos de sus trabajadoras y trabajadores.
En ese sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha dado carta abierta a empleados y empleadores para que partan de la “importancia del diálogo y la concertación como la vía para alcanzar acuerdos favorables tanto para asegurar la viabilidad de las empresas como para conservar las fuentes de empleo”, lo que es una buena noticia para preservar los derechos de los trabajadores y que las empresas puedan seguir adelante sin quebrar. Incluso se creó el portal de la Procuraduría Digital en Defensa del Trabajador–covid-19 “para dar seguimiento a las afectaciones laborales en el marco de la emergencia sanitaria”.
Sin embargo, esto se refiere únicamente al sector privado. Entonces, ¿qué pasa con las y los trabajadores del sector público que han sido despedidos o que se les han modificado las condiciones de trabajo en el contexto de la pandemia?
Ejemplo de ello puede ser la Secretaría de la Función Pública. El pasado 1 de junio, la secretaria Irma Eréndira Sandoval nombró a Luis Gutiérrez Reyes como nuevo subsecretario de Combate a la Impunidad.
Derivado del nombramiento, la Dirección General de Recursos Humanos de la institución levantó el teléfono al equipo de la anterior subsecretaria para informarles que por instrucción directa de la secretaria Irma Eréndira Sandoval se les solicitaba que se presentaran a firmar su renuncia: sí, sin ninguna anticipación ni margen para el acuerdo, las y los funcionarios que se encontraban trabajando en sus casas por la pandemia fueron invitados a salir de sus casas renunciar y con ello quedarse sin empleo.
Hasta el momento han sido notificadas al menos nueve personas y sin mayor diálogo han tenido que aceptar firmar la renuncia e incluso enviar su renuncia por correo sin tener algún acuse de recibo. La desprotección total de las y los trabajadores. Aunque les hayan pedido la renuncia, esto se trata más bien de un despido injustificado.
Hasta el momento, el nuevo subsecretario Luis Gutiérrez no se ha comunicado con las personas que han sido despedidas, ni siquiera para ver temas de la entrega-recepción, mucho menos para ofrecerles algún esquema de salida que, en el contexto de la pandemia, les ayude a subsistir en los próximos meses. Aún se les deben vacaciones y, desde recursos humanos, no les han dicho nada sobre indemnización.
¿En dónde está el diálogo entre las partes al que tanto alude el gobierno mexicano? No puede dejarse en la desprotección a un grupo de trabajadores por el solo hecho de que Luis Gutiérrez, cercano a la secretaria, asumió la titularidad de la subsecretaría. ¿Quién vigila estos atropellos laborales en la administración pública? ¿Luisa Alcalde fiscalizará a su homóloga de la SFP?
@maiteazuela
