El 11 de abril el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuiteó: “Esta basura, sobrino de un genocida, dice que las pandillas cumplen un rol social NECESARIO, El Salvador”. Se refería a un fragmento de entrevista —de 20 segundos— que el antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson había dado a un medio. Martínez se ha dedicado durante años a estudiar e intentar explicar la violencia y las pandillas en los países del triángulo norte de América Central.
Su respuesta fue: “Presidente @nayibbukele, me parece lamentable la forma en que se refiere a mí y a mi trabajo. Le invito a ver la entrevista completa y a revisar los trabajos académicos y periodístico que he realizado durante más de una década”. Hubo decenas de manifestaciones de solidaridad con Martínez, desde periodistas internacionales hasta organizaciones de derechos humanos. No surtió efecto. El mandatario salvadoreño y sus seguidores (y bots) insistieron en el acoso virtual, que bien podría volverse físico.
Era claro que Bukele no se frenaría. No lo ha hecho desde 2019, cuando asumió el poder, el cual ha ido creciendo cada año. Ya ha mandado al diablo a organizaciones internacionales —desde la ONU y la OEA hasta Human Rights Watch—, al gobierno de Estados Unidos, al multimillonario George Soros y ni hablar de los medios locales e internacionales, a quienes ataca a diario. Con una popularidad de más de 80%, según las encuestas, ha ido intensificando sus ataques a quienes considera sus enemigos al interior y al exterior del país.
Bukele ya tiene el control (casi) total del Estado salvadoreño y aprovechó un fin de semana sangriento, como no había habido en este siglo, para instaurar un estado de excepción y para que la mayoría que tiene en la Asamblea legislativa aprobara castigar con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”.
Esto abarca a cualquier medio y periodista que publique textos, imágenes, grafitis o cualquier otra expresión relacionada a las pandillas: “Queda prohibido a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.
El país, como ya pasó en Nicaragua, Venezuela, Cuba u en Honduras, se está volviendo un agujero negro para la prensa, las organizaciones civiles y la oposición. Ya hay periodistas exiliados ante el acoso legal y físico que sufren, y los medios independientes como El Faro o Fáctum sobreviven de milagro.
¿Quién va a poder frenarlo? No parece haber nadie por el momento. Su deriva autoritaria para crear un Estado unipersonal avanza día a día, mientras la comunidad internacional solo observa.
Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, hermano de Juan y uno de los periodistas más atacados por Bukele y sus seguidores, pidió esto en Twitter hace unos días: “A quienes saben del acoso al que estamos sometidos: léannos. Esa es la reivindicación que les pido. No acepten el silencio. Lean. Compartan. Lean. Compartan. Lean. Compartan. Gracias. Seguimos”.
Mael Vallejo
@maelvallejo
