Cuando una dependencia del Gobierno del Estado se presenta ante el Congreso, se pone en práctica un ejercicio de madurez institucional: explicar con datos precisos y claridad cómo se utilizaron los recursos públicos, justificar las decisiones tomadas y detallar el impacto de dichas acciones en la vida de las personas. Las comparecencias son un recordatorio constante de que gobernar implica rendir cuentas. La transparencia es el principio que define la calidad de la gestión pública y el sentido ético del servicio. Quien administra dinero público administra confianza, y esta no se construye con discursos, sino con hechos verificables, información accesible y disposición para dialogar frente a las y los representantes de la ciudadanía.
La información pública pertenece a la gente, no es propiedad de escritorios ni de expedientes cerrados. Cada peso presupuestado tiene un destino que debe ser claro, oportuno y comprobable. La transparencia en el uso del gasto público refuerza la legitimidad de las instituciones y fortalece el vínculo con la sociedad. Cuando una persona servidora pública explica sus decisiones, reconoce que el poder es un encargo temporal para servir, no para ocultar.
En este proceso, el Poder Legislativo cumple una misión fundamental: revisar, preguntar y analizar con rigor técnico. Cada cuestionamiento representa la voz de la ciudadanía y cada respuesta es una oportunidad para fortalecer la credibilidad de la gestión oficial. La rendición de cuentas es aliada del buen gobierno; al presentar resultados, también se reconocen los retos y las áreas de mejora. La administración pública es dinámica, requiere planeación, evaluación constante y disposición para corregir el rumbo cuando sea necesario. La transparencia es una herramienta de mejora; lejos de debilitar, fortalece a quienes realmente están comprometidos con gobernar responsablemente.
Un gobierno abierto facilita la participación ciudadana. Cuando la información fluye, la gente puede opinar, exigir y evaluar. La transparencia empodera, permitiendo que las personas pasen de ser observadoras a protagonistas. Un Estado que comunica con claridad, explica sus decisiones y abre el uso de los recursos públicos a la revisión ciudadana, construye confianza. Y esa confianza es uno de los activos políticos más valiosos: se gana con claridad, se fortalece con resultados y se mantiene con coherencia.
La transparencia también impulsa el desarrollo. Los lugares donde hay claridad en los procesos y certeza en las decisiones se vuelven atractivos para la inversión, la innovación y el crecimiento económico. La confianza es sinónimo de oportunidades. La transparencia no solo ordena la gestión pública; también genera condiciones favorables para que Hidalgo sea un territorio competitivo.
La transformación institucional que vivimos exige un enfoque basado en datos, responsabilidad y visión de futuro. Transparencia significa explicar qué se hizo, bajo qué criterios, con qué recursos y con qué resultados. Confianza significa demostrarlo. En cada comparecencia, en cada informe y en cada explicación se expresa una visión de Estado en la que el servicio público se honra con hechos, rectitud y apertura. Gobernar es explicar. Servir es escuchar. Transparentar es honrar la confianza ciudadana. Cuentas claras, confianza firme. Esa es la ruta y ese es el compromiso.
