El caso de Victoria Esperanza Salazar, la mujer salvadoreña que fue asesinada en Tulum, Quintana Roo, por un acto evidente y desproporcionado del uso excesivo de la fuerza, nos recuerda, a la mala, que en México se sigue dotando de recursos, poder y armas a personas que en lugar de proteger a la población son una amenaza constante y letal para la misma.
Estas deficiencias de las instituciones de seguridad del Estado, ponen en entredicho la tentadora idea que ha prevalecido, tanto en este y en anteriores gobiernos federales, que la militarización del país es lo más conveniente para garantizar mejores condiciones de seguridad, ante las atrocidades cometidas por los policías.
Torturar y matar gente, amparados por la impunidad y la permisividad o complicidad del Estado ha sido una constante en México, y la estrategia del involucramiento de la fuerza militar no ha frenado las fallas de la función policial en el país, al contrario, sus abusos se han agudizado.
A Victoria se le acusó de haber bebido y alterar el orden público, cargando un envase vacío de un garrafón de agua al interior de una tienda, sin que ella le pegara a un sólo objeto o persona.
Así es, en el Tulum de miles de turistas extranjeros borrachos en las calles ¿por qué detenerla con esa brutalidad?
De acuerdo a los videos, al menos cuatro policías municipales la sometieron contra el suelo, mientras ella solicitaba ayuda y tenía la rodilla de un policía en sus cervicales.
La Fiscalía reportó que la salvadoreña murió por una fractura en la columna vertebral provocada por la ruptura de la primera y segunda vértebra.
Mientras los gobiernos de todos los niveles dejen pasar este problema crónico de no apostar por la profesionalización, la aplicación de protocolos internacionales y la perspectiva de derechos humanos con un enfoque de género en las policías locales, actos tan dolorosos como lo ocurrido con Victoria seguirán repitiéndose.
@nonobarreiro
