La Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es parte.
De conformidad con el artículo 105 de la Constitución General de la República, las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma por 33 por ciento de los integrantes tanto de la Cámara de Diputados o de Senadores ante la Suprema Corte de Justician de la Nación.
Desde 1994 se reformó la constitución para darle facultades a la SCJN mediante dos nuevos mecanismos de control: la controversia constitucional y la acción abstracta de constitucionalidad o acción de inconstitucionalidad, la cual no implica la existencia de un agravio, sino una revisión en abstracto de la constitucionalidad de una ley, la cual se promueve para alegar la contradicción entre la norma impugnada y una de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto en relación la acción de inconstitucional promovida por 48 senadores de la oposición, en contra de las reformas a la ley de hidrocarburos que entró en vigor el 5 de mayo del presente año, las cuales según los quejosos representan una violación a los principios de libre competencia, lo que constituye un golpe al libre mercado y favorecen el surgimiento de un monopolio y que la falta de competencia podría incidir en una baja en la calidad de los combustibles y a su vez en un incremento de los precios.
Pero si bien la acción de inconstitucionalidad fue tramitada en tiempo y se presentaron los documentos relativos, sin embargo cuando la suprema corte revisó el expediente se apercibió de que faltaba el original del escrito y al no encontrarse el original no se puede acreditar mediante copia simple que estas firmas pertenecen a 33 por ciento o más de la Cámara de Senadores, es decir, no dieron cumplimiento legal a lo establecido para interponer la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley de hidrocarburos y esta fue rechazada por improcedente.
¿Quién fue el o los responsables de esta pifia?, pues habría que investigar, pero por lo pronto no fueron declaradas como inconstitucionales las reformas a la ley de hidrocarburos.
Julio C. Vega Olivares
