Michoacán es un estado que combina una enorme riqueza humana con desafíos que han marcado generaciones. Sus 58,599 kilómetros cuadrados albergan a 4,748,846 personas, y casi la mitad son niñas, niños y jóvenes. Esa composición demográfica—1,298,324 menores de 14 años y 1,165,742 jóvenes de entre 15 y 29—expresa un potencial enorme, pero también una responsabilidad profunda para cualquier gobierno que aspire a transformar la vida pública con seriedad.
Durante años, muchas comunidades no encontraron oportunidades suficientes para retener a su gente. Entre 2015 y 2020, un total de 41,557 michoacanos emigraron, y el 94% terminó en Estados Unidos. Son cifras que hablan de la necesidad de construir futuro, no de administrarlo. Lo mismo ocurre con la violencia contra las mujeres: la ENDIREH 2021 señala que 64.9% de las michoacanas ha enfrentado algún tipo de violencia, pero solo 9.8% pidió apoyo institucional. Son datos que revelan la urgencia de fortalecer las instituciones, no solo su presencia.
En medio de esos contrastes, Michoacán también se levanta como un pilar de la productividad nacional. Produce 917,329 toneladas de aguacate cada año, el 76.2% de todo el país; solo en el primer semestre de 2024 exportó 70,895 toneladas de mango; y su campo genera más de un millón de toneladas de caña de azúcar, cientos de miles de alfalfa, 250,341 toneladas de fresa y 192,513 de guayaba. A ello se suma una identidad cultural sólida: 150,180 personas hablan alguna lengua indígena, principalmente purépecha, pero también náhuatl, mazahua y otras dieciséis variantes más.
Con este diagnóstico complejo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó la decisión de intervenir Michoacán de manera integral. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es, en ese sentido, la acción territorial más amplia que ha implementado la Cuarta Transformación en un estado. Se trata de un plan con visión social y de seguridad, respaldado por una inversión pública de 57,564 millones de pesos y 39,330 millones adicionales de inversión mixta. Es un esfuerzo que combina bienestar, infraestructura, desarrollo económico, cultura, igualdad y presencia institucional. Y lo hace bajo la coordinación directa del Secretario Omar García Harfuch, quien ha consolidado un modelo de seguridad basado en inteligencia, investigación y proximidad social.
El espíritu del plan recupera el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente la convicción de que la seguridad solo es posible cuando se atienden las causas profundas de la violencia. No basta con responder al delito: hay que desarticular las condiciones que lo permiten. Por eso, en Michoacán la seguridad no se piensa únicamente como patrullaje, sino como un entramado de infraestructura, servicios públicos, educación, salud, cultura y oportunidades reales para las familias. Casi tres mil kilómetros de caminos y carreteras están siendo intervenidos para comunicar regiones históricamente aisladas. Las obras de agua potable, riego y saneamiento superan los 1,630 millones de pesos. Los programas sociales alcanzan a más de un millón de derechohabientes y representan una inversión superior a los 30 mil millones de pesos.
Todo esto sucede en paralelo al fortalecimiento de las capacidades de seguridad. La Guardia Nacional se ha consolidado como una institución de proximidad en regiones donde antes la presencia del Estado era irregular. La SSPC, con nuevas atribuciones de investigación, ha impulsado trabajos de inteligencia que permiten combatir delitos como la extorsión, el tráfico de armas y el despojo de tierras, afectaciones que han golpeado durante años al sector productivo y a muchas comunidades.
La transformación también se refleja en políticas específicas: los Centros LIBRE para mujeres en los 113 municipios; más de 50 mil microcréditos para su autonomía económica; nuevas escuelas y becas; reconversión de hospitales y equipamiento médico; vivienda social; actividades culturales y deportivas para jóvenes; y la puesta en marcha de los Planes de Justicia para pueblos purépechas, otomíes, nahuas, mazahuas y pirindas, diseñados directamente con las comunidades.
La seguridad, en este enfoque, no se reduce a contener la violencia. Significa mejorar la vida cotidiana: que un productor pueda trabajar sin miedo a ser extorsionado; que una mujer cuente con un lugar seguro para pedir apoyo; que un joven encuentre oportunidades en su propio estado; que una comunidad tenga caminos transitables, agua potable, escuela, clínica y espacios para convivir. Significa que el Estado llega—y se queda.
Michoacán necesita una transformación profunda y sostenible. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una ruta viable para lograrla porque articula desarrollo y seguridad, bienestar e infraestructura, inteligencia institucional y participación comunitaria.
Es un plan que continúa la visión iniciada por López Obrador, consolida la estrategia de la Presidenta Sheinbaum y se ejecuta con la profesionalización impulsada por el Secretario Harfuch. Y es, sobre todo, una apuesta por devolver tranquilidad, dignidad y futuro a un estado que durante mucho tiempo enfrentó estas tareas en soledad.
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