Por disposición de la reforma constitucional de 2014 los institutos electorales locales se convirtieron en meras dependencias del Instituto Nacional Electoral (INE). Existe incluso una coordinación general especifica en el INE que los dirige y supervisa. Sin embargo, tanto su presupuesto como las prerrogativas de los partidos políticos que tienen representación en ellos -locales como nacionales- son aportados por los gobiernos estatales. Y como en muchas otras cosas de la vida, el que paga manda.
Esto es algo que la reforma de 2014 no tomó en cuenta para poder alejar las últimas tentaciones y miradas de codicia sobre los organismos públicos electorales locales (OPLES). Porque desde que los órganos administrativos electorales se ciudadanizaron, sus nombramientos corrieron por cuenta de los congresos estatales y muchas veces con intervención del gobernador en turno, nombrando en algunos casos consejeros electorales que muchas veces fueron obsequiosos con el poder en su desempeño.
Algunas veces si se logró el objetivo: integraciones de consejeros (as) ciudadanos marcadas por la independencia y la imparcialidad. Pero el tema presupuestal siempre impacta en la gestión de los órganos electorales. Como los poderes ejecutivo y legislativo son los que proponen y luego aprueban el presupuesto (federal y estatales), entonces como dice el refrán: “con el diablo se desquita”. En todos los entes estatales el presupuesto se convierte en moneda de cambio: “te portas bien conmigo, te doy un presupuesto más que holgado; no lo haces, entonces a pan y agua”.
Si uno pretende analizar el grado de independencia de un órgano electoral (administrativo o judicial) debe voltear a ver el presupuesto que le asignan los poderes públicos competentes, y más durante el proceso electoral.
Aunado a esto, decía un amigo que no existe nadie “químicamente puro” en materia política-electoral, pero esto no significa que alguien quiera hacer las cosas deliberadamente mal. Cada persona debe responder por sus actos y sus omisiones. Habrá algunas fallas por acción y otras por omisión, todas individuales. Pero el problema es que, en una organización administrativa (sea pública o privada) se generalicen y todo empiece a crujir, y sus resultados -por decir lo menos- serán mediocres.
La elección local en Jalisco que se realizó el pasado 02 de junio [gobernador (a), 38 diputados (as) y 125 ayuntamientos] deja una estela que marcó hito en fallas inexplicables y, como mencioné la semana pasada, donde “campeó la incertidumbre y la desorganización debido a los deslices y garrafales errores” del OPLE estatal que ya son del dominio público y no los repetiré en esta ocasión.
Los resultados están a la vista. Un proceso electoral poco transparente y bastante cuestionado por uno parte de los contendientes (Morena y coalición), con expectativas de ganar, pero sin que los resultados cruciales de la jornada electoral convenzan y dejen certidumbre y claridad a todos los jugadores. Donde los principios rectores constitucionales de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad tuvieron una sería ausencia.
Todo esto nos lleva a que los ganadores (as) -oficiales- aún no estén seguros en su triunfo, los perdedores (as) -según el OPLE Jalisco- tampoco en su derrota, y los tribunales electorales (estatal y federal) se conviertan en el fiel de la balanza, donde no siempre doña Justicia hace su aparición. Y ya lo vimos en el caso de la orden del Tribunal electoral estatal de un recuento en el municipio de Guadalajara, a partir de una petición incidental (término jurídico para significar que se hace en una vía distinta al expediente del juicio principal, pero conexa) solicitada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) presunto ganador de la elección que solicita un recuento [¡vaya¡ el mundo al revés] pero con un tribunal electoral local con montos de presupuesto público incrementado por el gobierno de Jalisco en manos de MC. Lo que nos lleva a entender, en consecuencia, lo subsecuente.
Porque uno de los argumentos del candidato perdedor en el municipio tapatío de la coalición Sigamos haciendo historia, es precisamente una ampliación presupuestal de 200 doscientos millones de pesos que el gobierno estatal emecista “magnánimamente” le entregó junto con un abultado comodato de vehículos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para el proceso electoral este año.
Y como dijeran los asesores de Bill Clinton en su campaña a la presidencia en 1992: “es la economía” -junto con el calificativo de “estúpido”- para dar a entender, que lo que los haría ganar la elección sería enfocarse en cómo resolver los problemas económicos de la gente. Aquí, resolverle los problemas a los órganos y tribunales electorales de un estado mediante la llave abierta del presupuesto público, dice también mucho sobre lo que debemos pensar (o malpensar) de estos organismos públicos estatales.
