Continuaré esta colaboración con las ultimas reflexiones que hice en la conferencia que impartí sobre “Los derechos del gobernado frente a la Administración Pública” en el Ilustre Colegio de Abogados de Jalisco, A.C. el pasado 08 de marzo.
En esta ocasión haré una breve exposición de aspectos que considero fundamentales para entender el estado de desamparo en que se encuentra el ya mencionado -y lo dije antes- gobernado, administrado, particular, contribuyente, pagano, sufrido personaje, etc. y que puede resultar ser un ciudadano cumplido y ejemplar, pero que tiene que lidiar con una administración pública construida sobre bases racionales jurídicas, que desdibujan a la persona humana. Lo que me recuerda los escritos breves de Armando Fuentes Aguirre en “Las historias del señor X y su trágica lucha contra la burocracia” en donde al igual que el personaje Josef K de la novela el Proceso de Franz Kafka, se enfrenta a los supuestos más absurdos e inexplicables de las decisiones del ente gubernamental y sus servidores públicos.
Esto yo lo ejemplifico metafóricamente en la vastedad de requisitos a cumplir en cualquier auditoría gubernamental (sea fiscal o de otro tipo) a los ciudadanos: las famosas copias de colores para cualquier trámite. Habrá que exhibir la azul, la amarilla, la rosa, la gris, la verde, la morada, la roja; y así infinitamente; hasta que nos falte la de algún color en específico, por ende, no habremos de cumplir con el requerimiento realizado por la autoridad. Entonces, falta mayúscula: se omitió la de color beige, o rosa mexicano; o de plano, la negra. ¿Copia negra? ¡Pero si no se puede ver nada de los caracteres o letras impresas puestas en la misma! No le hace. Hizo falta la negra y por dicha infracción aplica una sanción. En este tenor pensar que la presunción de legalidad de los actos de autoridad o de la administración es la panacea y que los particulares deben sentirse satisfechos por que la administración pública actúa de buena fe y sus actos siempre se presumirán “legales”, es como pensar en que dicho ente de gobierno esté formado por “ángeles” bajados del cielo. Servidores públicos que no tienen intereses, no defienden una chamba, un sueldo y la manutención propia y la de sus familias. O que de plano jamás se equivocan o ven las cosas desde una óptica diferente a la de quienes actúan en la iniciativa privada para obtener sus ingresos. Nada más alejado de la realidad.
Para evitar estos atropellos y desvíos de poder institucional es que se han formado diques de principios y normas jurídicas que constriñen el actuar burocrático a controles del derecho administrativo. La racionalidad del derecho en su máxima expresión. Sin embargo, la administración pública en México siempre partirá de la desconfianza al ciudadano (a) y por ello impondrá los requisitos y las trabas más absurdas disfrazadas con el ropaje de “legalidad”.
La evolución que comenzó en Inglaterra al acotarse las facultades del rey, primero por parte de los nobles, cuando se obligó a Juan Sin Tierra a firmar la “Magna Carta” en 1215, y que siglos después llevó al control del parlamento inglés en 1679 mediante la ley del Habeas corpus (misma que dispuso que ninguna persona podía ir a prisión sin orden de un juez, ni estar detenido 24 horas si ser llevado ante dicho funcionario judicial). Y luego vendría la facultad del parlamento británico para aprobar los impuestos y cuotas tributarias, lo que derivó en la famosa frase de “no taxation without representation”, texto inserto mucho tiempo después en las placas vehiculares del Distrito de Columbia en E.U. Es decir, los impuestos y contribuciones debían ser aprobados por los representantes populares para garantizar que no fueran ruinosos y exorbitantes. Y que sirvieran a los fines por los cuales se imponían.
Concluyo diciendo que las luchas de poder han llevado a expandir las facultades de reyes y ahora demás gobernantes, y que a su vez los nobles, los ricos o el pueblo llano han tenido que limitar estas actuaciones con medidas legales y judiciales de control para pretender lograr una administración eficiente pero respetuosa de los derechos de los gobernados. Difícilmente esto se ha logrado en México. Nuestra maraña de leyes, reglamentos y circulares, amén de infinidad de instancias de gobierno y entes públicos, no han hecho más que abultar la administración pública en sus tres niveles y disminuir por mucho la esfera de los derechos humanos de los ciudadanos. La progresividad de estos últimos (derechos humanos y fundamentales) convertida en regresividad a ultranza, sin equilibrio ni debidas garantías para lograr la plena dignidad de la persona humana; dignidad a la cuál legisladores, juzgadores y servidores públicos le arrancan cada vez porciones más anchas de libertad con el argumento de su propia defensa.
Perogrullo en carne y hueso.
