El viernes antepasado se cerró un capítulo atropellado, intenso, decisivo y de mucho aprendizaje.
Estuve hasta minutos antes de las 9 de la noche repitiendo ante magistrados y secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que muchos en Huauchinango sabemos: Liliana Luna Aguirre y su esposo, Gabriel Alvarado, hicieron fraude.
Ése día, así como en los anteriores ante los magistrados de la Sala Regional del mismo tribunal, expliqué el uso de recursos públicos provenientes del Ayuntamiento de Huauchinango, el quebrantamiento del principio de neutralidad por parte de Alvarado, el ambiente de violencia que por el asesinato, sin esclarecer, de Juanita Maldonado, se suscitó en toda la Sierra Norte; la compra de votos que incluso hizo que tristemente fuéramos conocidos por un video de más de 6 millones de reproducciones en un canal nacional, en donde operadoras del DIF municipal están comprando votos en favor de la entonces candidata del PAN; quien, además, como lo acredité en una queja ante el INE, excedió, y por mucho, el límite en el tope de gastos de campaña.
En la impugnación del 11 de julio señalamos hechos con sus respectivas pruebas, en donde acreditamos, entre muchos eventos fraudulentos más, actos anticipados de campaña, la vandalización por parte de un pariente de la candidata de nuestra propaganda electoral, la intimidación en varios municipios por parte de las policías municipales hacia nuestros compañeros y compañeras.
En nuestra accidentada e incomunicada Sierra las urnas de las elecciones de gobernador y diputado local fueron embarazadas, sus actas alteradas y como prueba, se encontraron boletas sin marcas del dobles que necesariamente deben tener para entrar por la ranura de la urna; o, 15 mil boletas de más en la sumatoria de boletas recibidas y emitidas de las 270 actas contra los votos asignados.
En otros, aparecieron boletas falsas o incluso fue quemado, con la paquetería en su interior, un consejo municipal electoral. En Zihuateutla, el día la jornada, gente armada compró los votos y exigió una marca señalada con un número junto a la “X” del voto para acreditar el cumplimiento de la obligada transacción.
Se nos negó la bitácora de la recepción de la paquetería electoral en donde, cuando la obtuvimos, se acreditó que de 270 paquetes, 260 estaban sin sellar, más de cien con muestras evidentes de alteración, y todos, llegaron pasadas varias horas a la junta distrital, incluso los urbanos. Por ello, ahora nuestro candidato, Miguel Barbosa, señala que la cadena de custodia en el manejo de la paquetería electoral está rota.
El 3 de julio dos o tres docenas de elementos de la policía estatal encabezados por el coordinador de la campaña de Martha Érica Alonso en el distrito ingresaron por la madrugada al Consejo Distrital, mientras el presidente del Consejo dormía plácidamente.
El inicio del cómputo en el distrito transcurrió entre la mala fe de la autoridad y su total ignorancia. Pensamos que en Puebla sería diferente, pero no, la imparcialidad de los integrantes del Consejo General, y sí, también su ignorancia, llegaron desde el arranque de la sesión. Salimos de una cueva en Huauchinango y entramos a un cuarto sin ventanas en Puebla.
Al grado de haber concluido el cómputo y escrutinio el día 8 de julio, fuera del límite de ley, sin que se suspendiera la sesión para continuar en el tribunal como lo marca el Código Electoral local; y, entregarle la constancia de mayoría a su candidata con fecha del 7 de julio para hacerla parecer dentro del plazo.
Todo esto y más lo documentamos, reseñamos, concatenamos con la ley electoral y suficiente jurisprudencia para que el Tribunal Electoral del Estado lo abordara y desechara como era de esperarse, por tratarse, como los consejeros electorales, de empleados de tercer nivel del morenovallismo.
Pero siempre con la confianza de que en el Tribunal Federal la cosa sería distinta. Se tomarían en serio el derecho, y por la cantidad de agravios acreditados, no podrían dejar pasar por alto el gran fraude que tiene a los ciudadanos de nuestro distrito con una representante tramposa en el Congreso del Estado.
Pero, como en la Sala Regional, los siete magistrados de la Sala Superior decidieron no entrarle siquiera al asunto, y en un desechamiento por consigna, concluyeron que así como el aparatoso edificio en Coapa en donde despachan, el Tribunal Electoral en México, no es más que una ficción.
Nota: Acudiré, así sea por justicia histórica, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por el robo, sin acceso a la justicia, de la que fuimos parte los serranos. Ya les iré contando.
