El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó su reciente informe sobre la pobreza en México. El documento provee información interesante respecto a los primeros dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En términos generales, la evaluación hacia el gobierno no es positiva. De acuerdo con el estudio, la pobreza aumentó en 2.8 millones de personas. Es decir, la población en situación de pobreza en todo el país pasó de 41.9 a 43.9%. En el caso de la pobreza extrema, esta se elevó de 7 a 8.5%. Lo que significa que el número de personas en dicha situación se incrementó de 8.7 a 10.8 millones.
Los estados con mayor población en pobreza son Chiapas, Guerrero, y Oaxaca. Estados como Nuevo León, Baja California y Baja California Sur presentan un nivel menor de pobreza multidimensional.
Otro aspecto que destaca el informe tiene que ver con el impacto de los programas sociales del gobierno federal. Específicamente, se establece que dichos recursos aumentaron para las personas que tienen ingresos altos mientras que disminuyeron para la población más pobre.
A pesar de que la cobertura de estos programas pasó de 29.9 a 30.3% de la población, el apoyo para las personas con menores ingresos se redujo en 7.6%. Mientras que el apoyo para la gente con mayores recursos creció en 4%. En otras palabras, la estructura de la política social no favoreció a las personas más pobres.
El caso de la pobreza laboral es también alarmante. Se indica que el 40.1% de las personas vive bajo esta condición. Esto muestra que tal porcentaje de la población total vive en hogares que no logran el ingreso suficiente para alimentar a la familia. Este porcentaje se ha mantenido así desde 2005.
El gobierno tiene esperanza de que sus programas sociales lograrán reducir la pobreza. Además, considera que el aumento al salario mínimo general es un gran logro que mejorará las condiciones de vida de la sociedad.
Sin embargo, ni los programas sociales ni el incremento al salario mínimo han alcanzado los resultados esperados. Por un lado, el impacto de la modificación al salario ha sido extremadamente insuficiente para contribuir a que millones de personas logren por lo menos cruzar la línea de pobreza. Por el otro, los programas sociales también ya han probado su inefectividad. Tan es así, que la reformulación de la política social del gobierno desprotegió a los más pobres.
El debate sobre la política social debe repensarse en México. En primer lugar, es fundamental establecer que el combate a la pobreza y desigualdad no debe realizarse desde la visión fiscal vigente. Aquella que limita la cantidad de financiamiento a la solución de estos problemas.
Asimismo, es urgente reconocer que la raíz de la pobreza y desigualdad en nuestro país es laboral. Por lo tanto, la base de una nueva política social debe centrarse en el desarrollo de una estrategia que provea empleos de calidad con sueldos dignos bajo un esquema integral de derechos y seguridad social.
Un Plan de Trabajo Garantizado -Job Guarantee- es la única vía para eliminar de tajo la tragedia laboral en la que viven millones de personas en México.
Jesús G. Reséndiz Silva
