El reciente temporal de lluvias que azotó a Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla volvió a exhibir, con dolorosa claridad, la falta de prevención estructural del gobierno federal, y de las autoridades estatales y municipales frente a fenómenos naturales. No se trata de un fenómeno excepcional ni imprevisible: cada año, el ciclo de lluvias pone a prueba la capacidad institucional del Estado mexicano, y cada año —sin excepción— los resultados son los mismos: inundaciones, deslaves, comunidades incomunicadas, pérdidas humanas y materiales que se pudieron evitar.
La posición oficial suele refugiarse de la tragedia con argumentos absurdos: “fueron lluvias atípicas que estuvieron fuera de nuestro alcance” o la típica excusa de que “hay inundaciones porque la gente no deja de tirar basura y eso tapa las coladeras”. En realidad, lo que no deja de repetirse es la pasividad de las autoridades, incapaces de anticiparse a lo que saben que ocurrirá.
Las lluvias no solo anegaron calles y pueblos enteros, también evidenciaron el desastre institucional que padece el país: sistemas de drenajes deteriorados, cauces invadidos por construcciones irregulares, planes de protección civil desactualizados, presupuestos recortados o desviados, corrupción, falta de capacidades, limitado equipo y herramientas, carencia de inversión en infraestructura clave, y falta de innovaciones tecnológicas.
En lo último, un caso es el sur de Tamaulipas. Región en donde se monitorean las lluvias vía satélite, como si viviéramos aún en la década de los 80s. De acuerdo con expertos en meteorología, el radar ubicado en el municipio de Altamira está desactivado lo que ha impedido dimensionar y pronosticar con exactitud los eventos de lluvia del presente año. Lo que lleva a quienes estudian y pronostican estos fenómenos a depender de la poca señal que llega del radar ubicado en Brownsville, Texas. Es decir, dependemos de información externa para proteger a nuestras comunidades.
El temporal de este año fue un espejo del país que los gobiernos han construido: reactivo, no preventivo. Acostumbrado a administrar daños, no a evitarlos. En el norte de Veracruz, por ejemplo, hay comunidades que aún esperan auxilio oficial días después de haber quedado aisladas. La ayuda humanitaria proviene, una vez más, de la solidaridad ciudadana, no de los gobiernos. Es el México de siempre, donde el pueblo se organiza porque el gobierno llega tarde.
El contraste internacional es revelador. En China, el Ministerio de Manejo de Emergencias (creado en 2018) coordina la prevención, respuesta y reconstrucción frente a desastres naturales con una estructura jerárquica que integra a gobiernos locales, cuerpos de seguridad y planificación urbana. Su enfoque prioriza la anticipación y la resiliencia: simulacros regulares, infraestructura de drenaje inteligente y sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial. En Rusia, el Ministerio de Situaciones de Emergencia (activo desde 1994) combina capacidades militares, científicas y civiles para prevenir - responder de inmediato a eventos naturales.
La lección es clara: los países que enfrentan con éxito los posibles desastres no dependen de la suerte ni del heroísmo ciudadano. Sino de gobiernos altamente técnicos, profesionales y anticipados. No improvisan una política de emergencia cada temporada, tampoco buscan pretextos o usan narrativas engañosas para esconderse del reclamo ciudadano.
México puede aprender de estas experiencias y dar un salto institucional: crear una secretaría de Estado que atienda emergencias. Con adecuada capacidad técnica, un gran presupuesto y una visión estratégica. Una institución con capacidad científica y operativa para monitorear riesgos, planificar infraestructura resiliente y activar recursos automáticos ante contingencias. Una entidad que actúe antes del potencial desastre, no después de la tragedia.