Recientemente, Alfonso Ramírez Cuéllar, ex diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, publicó el documento “Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad”. Es un informe elaborado por un grupo de trabajo que busca una transición hacendaria para México.
Se redactó con las aportaciones de diversas mesas de discusión formadas por organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, académicos, funcionarios públicos, legisladores, e instituciones públicas como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La publicación se divide en cuatro capítulos. El primero trata sobre ciertos requerimientos de gasto público para la economía. Se habla de la urgencia de generar inversiones de calidad para la educación, salud, seguridad pública, e infraestructura hídrica. Además, aborda el papel clave de la banca de desarrollo en ciertos sectores y propone crear un Sistema Nacional de Cuidados.
El segundo capítulo habla sobre la necesidad de una reforma al sistema de pensiones. Se indica que hay un grave problema de sostenibilidad financiera en las pensiones. El tercer capítulo señala la relevancia de crear un Consejo Fiscal en la Cámara de Diputados. Según el informe, el objetivo de este Consejo es convertirse en el guardián del equilibrio fiscal del país. El cuarto capítulo se centra en impulsar una Convención Nacional Hacendaria que reconfigure el pacto y las reglas de coordinación fiscal. El último capítulo discute la importancia de generar más ingresos fiscales para ampliar la capacidad de gasto público.
El objetivo principal del documento es proveer un análisis con propuestas que sirva como punto de referencia para la toma de decisiones de la actual legislatura. Se pretende que los legisladores usen este informe como base para realizar iniciativas y reformas relacionadas con los temas discutidos en dicho reporte.
A pesar de poseer ciertos diagnósticos acertados como los del Coneval, el documento tiene un grave error que termina por desbaratar todo el análisis. El problema central es que se basa en la falsa idea de que no hay suficientes pesos para invertir. Como emisor monopolista de su moneda y con determinada capacidad o soberanía monetaria, el gobierno mexicano no tiene limitaciones financieras en pesos.
Lo anterior tiene grandes implicaciones macroeconómicas. Cuando un gobierno como el de México emite su propia moneda, entonces se necesita pensar de una manera completamente diferente sobre el presupuesto, impuestos, pensiones, pacto fiscal, banca de desarrollo, déficits públicos, inflación, deuda, desigualdad, y Consejo Fiscal. Por ejemplo, en vez de vigilar el equilibrio fiscal (como lo propone el informe) un verdadero CF debe enfocarse a facilitar el dinero público necesario para lograr el pleno empleo. Esto se alcanza mediante una política de trabajo garantizado, como lo establece la Teoría Monetaria Moderna.
La actual legislatura debe rechazar cualquier análisis que ignore el enorme poder del peso mexicano. No se puede enfrentar la desigualdad usando un enfoque económico sustentado en el mito de la escasez de dinero público.
