En abril el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su propuesta para reformar al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de organizar las elecciones en México. El proyecto integra una cantidad considerable de modificaciones al sistema electoral vigente. Esta iniciativa ha generado una enorme discusión pública, que incluso provocó que el día de ayer se realizaran marchas en el país para manifestar su apoyo al INE y su rechazo a la propuesta oficial.
Los elementos clave de la reforma son los siguientes. Se plantea que los consejeros del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TRIFE) sean propuestos por los tres poderes y elegidos por el voto popular. Este cambio es severamente criticado debido, entre otras razones, a que es un mecanismo susceptible a la manipulación y porque no protege los derechos de las minorías.
Otro cambio, es la reducción del tamaño del Senado y de la Cámara de Diputados. Esto suena bien porque se vende bajo la idea de que se gasta mucho dinero en mantener a los legisladores. Tal modificación es un grave error porque achica la representación de minorías e impide que haya pluralidad en el sistema político. Será más difícil para los partidos pequeños conseguir participación en ambas cámaras.
La reforma elimina los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales locales. Los primeros son como el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) encargado de registrar candidaturas, y contar y validar los votos. Lo que se busca es centralizar las actividades de los OPLES en el nuevo INE y que el TRIFE se encargue de todo el trabajo que realizan actualmente los tribunales locales. La razón para desaparecer estas instituciones es por la supuesta necesidad de ahorrar dinero.
Lo anterior es una equivocación alarmante. En principio porque va en contra del federalismo. Cada estado del país tiene derechos, libertades, y autonomía. Centralizar los procesos electorales en solo dos instituciones, pone en riesgo la dinámica política - electoral regional. Dicha dinámica estaría intervenida y condicionada a intereses del partido en el poder, por ejemplo.
Finalmente, se pretende recortar el financiamiento a los partidos políticos. En México, estas organizaciones reciben financiamiento público. Lo que propone el presidente es que los partidos busquen su financiamiento mediante aportaciones de militantes y simpatizantes. Según su reforma, solo recibirán recursos públicos cuando haya elecciones. El motivo detrás de esta modificación es el ahorro de dinero.
El sistema electoral mexicano es perfectible. Somos una democracia joven que necesita desarrollarse más. Pero a pesar de sus limitaciones, este sistema ha logrado importantes triunfos. La reforma electoral oficial es un retroceso, arrebata lo ya ganado.
Se requiere defender y fortalecer la democracia, no debilitarla. Hay que empoderar a las instituciones con mejores instrumentos que acerquen la política a más personas. El dinero público no se puede acabar. Por lo tanto y por seguridad, hay que dotar a estas instituciones, incluyendo partidos políticos, de los recursos necesarios para que cumplan su función de favorecer el propósito público.