La semana pasada fuimos testigos de una situación desafortunada. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión de 31 académicos y ex funcionarios públicos. Se busca recluirlos en una prisión de máxima seguridad y que se les detenga de inmediato. La FGR, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los acusa de supuestamente usar recursos de procedencia ilícita, peculado, y delincuencia organizada. Sí, como usted leyó ¡delincuencia organizada!
Sin embargo, dos jueces rechazaron girar la orden de aprehensión debido a que existen inconsistencias en las denuncias aportadas por la Fiscalía. A pesar de que en dos ocasiones se rechazó la solicitud, la FGR declaró que pedirá por tercera vez la aprehensión de los académicos.
Detrás del contexto de esta denuncia, que ya atrajo la atención de medios internacionales, hay una serie de situaciones preocupantes. Por un lado, se encuentra el cuestionamiento público a la actuación de la FGR en diversos temas. Por ejemplo, organizaciones civiles denuncian que la Fiscalía ha incumplido la ley al ignorar los procesos de participación ciudadana, propuso eliminar el delito de feminicidio, y contrató programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles.
En marzo, el Colectivo vs. la Impunidemia indicó que de sus 34 obligaciones legales el Fiscal General solo cumplió con dos. Es decir, el Fiscal ha cubierto únicamente el 6% del total de sus obligaciones. Además, la FGR impulsó la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República. Ley aprobada por el Congreso que da la espalda a las víctimas de violencia e inseguridad en México. En un país con más de 90 mil personas desaparecidas, la ley permite a la FGR evadir sus responsabilidades en las labores de búsqueda.
Por otro lado, está la visión equivocada del Conacyt. En nombre de la austeridad fiscal, se eliminó financiamiento importante para estudiar temas claves, y se ignora la solución a las deterioradas condiciones laborales de la mayoría del gremio académico. Se promueve una falsa retórica contra la comunidad académica que critica las políticas del gobierno, acusándolos de corruptos y opositores. Es una visión que rechaza la pluralidad de ideas.
La Dra. Gabriela Dutrénit es una de las académicas acusadas por la FGR. Ella es una de las mejores investigadoras en economía de la innovación en el mundo. Ha trabajado para que la ciencia, tecnología e innovación (CTI) se conviertan en el eje central del desarrollo del país. Hasta hoy, la mejor iniciativa de ley de política industrial presentada en el Congreso se inspira en su trabajo científico de calidad.
Para Dutrénit, estas acusaciones representan una cruzada contra la ciencia. “Se está atacando a representantes de una mesa directiva en la cual están todas las principales instituciones de este país”.
El gobierno debe parar esta persecución. En general, debe eliminar el ambiente de agravios hacia la comunidad académica y científica. Para alcanzar un mejor país, es importante escuchar a voces distintas. Hay que apoyar con todos los recursos necesarios a dicho sector. Esto permitirá generar más conocimiento e innovaciones para beneficio de México.
