Iniciándose los años 1500, el Papa Julio II les pidió a los reyes católicos de España una serie de protecciones para favorecer la evangelización de los nuevos pueblos, que se consideraban descubiertos, de América, entre los que se incluía México.
Los eclesiásticos se comprometían a predicar la obediencia al rey, y éste aprovechaba para no crear un ejército capacitado para la defensa de los territorios de los reinos de éste lado del atlántico.
La corona española aceptaba la encomienda papal, y a cambio se le concedía el beneficio de los diezmos, el presentar ternas para el nombramiento de obispos y puestos eclesiásticos importantes, diseños de territorios arzobispales, obispados, conventos y monasterios.
A esto, con el tiempo se le dominó “Patronato Regio”.
Pronto, la recaudación de los diezmos, lo dejó la corona española a la Iglesia, con lo que esta adquirió una riqueza económica suscitadora de envidias de las gentes de Estado.
Pero en el correr de los tiempos, se suceden los reyes y con ellos, sus visiones políticas.
Para 1767, el rey Carlos III, con el proyecto de modernizar la administración imperial, da varios decretos que afectan seriamente la economía de los reinos de América, y en forma despótica, expulsa a los sacerdotes jesuitas de todos los reinos de América.
Los gobiernos que siguen en la corona española se sostienen en las mismas políticas.
Para 1804. Carlos IV da otro decreto que afecta a la Iglesia y de pasada, les da un golpe severo a los mineros, campesinos, comerciantes, que se beneficiaban de los muy bajos intereses a los que les prestaba la Iglesia.
Para 1820, otro golpe al ordenar que se ponga en vigor la Constitución de Cádiz.
Así se le abrió a México, la puerta a la Independencia, entre otros factores.
Fastidiaba tanto la corona española, que la Iglesia comenzó a pensar que era mejor la separación.
Al independizarse México, en 1822, el Arzobispo de México, declaró que al conseguir México su independencia, la Iglesia católica también adquiría su independencia del Patronato Regio.
Esto no agradó al Estado mexicano, que en sus sucesivas modalidades de gobierno, siempre estuvo pidiendo a la Santa Sede, un acuerdo que le permitiera privilegios sobre la Iglesia, principalmente en lo tocante al nombramiento de obispos.
Pero la amarga experiencia, tanto de la Iglesia mexicana como de la Santa Sede, marcó como indeseable la amalgama Iglesia-Estado.
Benito Juárez ya no vio remedio, más que decretar lo que ya era un hecho: Iglesia-Estado, separados, gracias a la larga lucha de la Iglesia.
