En Piaxtla, un pequeño municipio del estado de Puebla, la pavimentación de una calle ha dejado al descubierto más que concreto de mala calidad. Ha dejado expuesta la fragilidad de los controles públicos, la persistencia de la corrupción en los niveles locales de gobierno y la inercia de los mecanismos de rendición de cuentas en el país.
La obra en cuestión fue aprobada en 2018 con presupuesto proveniente del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. El proyecto contemplaba la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2 de Abril, entre Benito Juárez y El Vado. Se trataba de una intervención menor en términos presupuestarios, pero clave para una comunidad de apenas 4 mil 627 habitantes, donde los servicios básicos aún no alcanzan a todos.
Lo que siguió fue el patrón habitual en muchos rincones de México: una ejecución deficiente, materiales por debajo de los estándares técnicos y un proceso administrativo plagado de irregularidades.
En la Auditoría de Cumplimiento 2018-A-21000-19-1178-2019 1178-DS-GF la Auditoría Superior de la Federación (ASF), máximo órgano de control externo de la Cámara de Diputados federal, detectó anomalías en la ejecución del contrato 20180298/RAMO23/2018, incluyendo conceptos de obra mal ejecutados y posibles violaciones a la Ley de Obras Públicas.
Y aunque el Órgano Interno de Control del municipio abrió un expediente en 2019, a más de cinco años no hay sanciones firmes ni conclusiones definitivas. Como en tantos otros casos, cuando una sanción se retrasa se corre el riesgo de que la memoria institucional se desvanezca.
Carlos López Muñoz, ex director de Obras Públicas de Piaxtla y residente de la obra denominada “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 2 de Abril, entre calle Benito Juárez y El Vado, en la Localidad de Piaxtla, Municipio Piaxtla” enfrenta hoy un procedimiento por presuntas faltas administrativas graves, entre ellas abuso de funciones, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Aunque la audiencia a la que debe acudir Carlos López Muñoz está fijada para el 10 de julio de 2025 en la sede de la ASF en Ciudad de México, este episodio revela la vulnerabilidad estructural de los sistemas de contratación pública a nivel municipal.
Los recursos provienen de fondos federales, pero la fiscalización efectiva depende de la voluntad política local, la capacidad técnica de los órganos de control y la presión ciudadana. En muchos casos, como el de Piaxtla, ninguno de estos factores está garantizado.
En tiempos donde la confianza en las instituciones se encuentra en deterioro, la transparencia en el uso de los recursos públicos se vuelve no solo una demanda ética, sino una condición de legitimidad democrática. La corrupción en la ejecución de obras públicas no es solo una cuestión contable: tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en los territorios históricamente postergados.
Piaxtla es el síntoma de una enfermedad más profunda. Si no se avanza hacia una cultura real de integridad pública, donde los desvíos se investiguen y sancionen con celeridad, los sistemas de control seguirán siendo lo que hoy parecen ser: meros rituales administrativos.
