En buena parte del país el territorio se está llenando de cuarteles. No de escuelas, no de hospitales, sino de instalaciones militares. Y casi nadie parece darse cuenta de las implicaciones sociales que ello traerá.
Puebla no es la excepción: en los últimos meses la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado ha aprobado al menos nueve donaciones de terrenos municipales a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que construya compañías destinadas a la Guardia Nacional.
Son hectáreas y hectáreas de suelo entregadas sin debate público, sin evaluación ciudadana, sin que nadie se pregunte qué repercusiones traerá militarizar el espacio civil.
Hasta este mes de noviembre los municipios que han cedido terrenos son, en su mayoría, rurales o semiurbanos: Tochtepec, Santa Inés Ahuatempan, Palmar de Bravo, Zacatlán de las Manzanas, Chignahuapan, Huauchinango, Chalchicomula de Sesma, Cuetzalan y Acatlán.
En algunos casos, las fracciones donadas alcanzan miles de metros cuadrados: Acatzingo, por ejemplo, 24 mil 937.32 m² para Sedena y 5,856.05 m² para Casa de Justicia del Poder Judicial Puebla.
El caso más reciente es el de Acatzingo: el ayuntamiento donó 24 mil 937.32 metros cuadrados a la Sedena y 5 mil 856.05 al Poder Judicial para una Casa de Justicia. La autorización fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 7 de noviembre de 2025.
El gesto podría parecer bienintencionado —más presencia de la Guardia Nacional, más seguridad—, pero conviene preguntarse qué tipo de Estado se está construyendo cuando los gobiernos locales entregan su tierra a las fuerzas armadas.
La militarización no solo avanza en los cuarteles, también en el discurso y en la administración del territorio. Cada predio cedido representa un acto simbólico de poder: los municipios transfieren parte de su soberanía a un aparato federal castrense que, desde hace años, administra obras, puertos, aeropuertos y aduanas.
En Puebla, los ayuntamientos parecen haber aceptado esta lógica sin resistencia: pretenden que donar es sinónimo de “colaborar con la seguridad”, cuando están entregando una parte de la autonomía municipal.
El Estado que cede su tierra para levantar cuarteles quizá cree que con eso se fortalece. En realidad, se vuelve rehén de su propia idea: una seguridad que se impone con botas y alambradas, en lugar de confianza y justicia.
