En los años más duros de la primera oleada de violencia en México, allá por el 2008, un colega, periodista de televisión, dejó de usar su anillo de bodas cuando aparecía a cuadro para protección de su familia. Otro sugería nunca portar identificaciones de más, tan solo la del medio.
Eran parte de los cambios que en el periodismo y en la sociedad provocó ese estallido de la violencia que trajo la declaración de guerra al narcotráfico, pero cuesta decir “los años más duros”, porque por los índices actuales parece que estos nunca pasaron, que la violencia llegó para quedarse en una parte de México mientras que el resto del país voltea para otro lado.
Pasa algo similar con muchos colegas que de nuevo, como ocurrió en aquella primera oleada, dan voz a los criminales al difundir los mensajes de los grupos en pugna, sea a través de narcomantas o de videos, como en los casos recientes de Morelos, Veracruz y Zacatecas.
Porque ante la épica de la violencia que busca imponer el crimen, imprimiendo cada vez mayor brutalidad a sus asesinatos, reproducir sus mensajes es participar de una estrategia que busca legitimar sus acciones y validar los crímenes que perpetran en las zonas bajo su control. Por eso muchos optamos por no difundir el contenido de narcomantas, amenazas o videos intimidatorios.
Aunque, como dice la investigadora Natalia Mendoza Rockwell, el crimen organizado y la política son más parecidos de lo quisiéramos suponer. “Tienen en común el objetivo de dominar territorios, recursos y poblaciones; ambos tienden a erigirse como un sistema de ‘intermediación parasitaria’ (Sciascia, 1986). Tanto las mafias como el Estado ofrecen ‘protección’ a cambio de la exacción de cuotas, premian la lealtad y castigan la traición”.
En esa elección, no queda sino la apuesta por el Estado, por sus instituciones, por una comunicación que no se convierta en herramienta que ponga en riesgo los operativos contra el crimen organizado o que comprometan la vida de quienes lo combaten sin, por supuesto, dejar de consignar cuando se cometen violaciones a derechos humanos o actos fuera de la ley por parte de las fuerzas federales, estatales o municipales.
En poco más de 10 años, la violencia del narco y la extorsión han transformado a grandes regiones, como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y el golfo de México, en donde se ha impuesto una economía ligada al crimen. En estos “años de rituales indecentes”, como les llama Ricardo Raphael, han surgido nuevas estructuras de poder y de relaciones sociales que implican a cientos de miles, sino es que a millones de personas.
Por eso el periodismo requiere de meterse a fondo para explicar que detrás de cada masacre no hay solo una rivalidad entre grupos criminales, sino incluso un desafío al Estado, un Estado que ha sido rebasado no nada más por los criminales, sino también por sus propias incapacidades para atender a las víctimas, para identificar a los muertos, para investigar los crímenes, por la impunidad casi total que priva.
Sin contexto no hay comprensión cabal de la realidad.
hector.zamarron@milenio.com
@hzamarron
