"Vale más un kilo de prevención, que una tonelada de sanción"
Irving Waller
Todos los tipos de violencia amerita un análisis y atención integral. Desde luego el asesinato es la manifestación extrema y atroz de esta violencia. En 2019 se 3,834 mujeres fueron víctimas de una muerte violenta, de estos casos sólo el 26.4%, 1,012 fueron considerados feminicidios (el subregistro es la primera revictimización).
Los protocolos establecen que las muertes violentas de mujeres deben investigarse asumiendo que se trata de feminicidio, para incorporar la perspectiva de género como eje de las indagatorias (posteriormente podría descartarse y configurar otro delito).
Desde luego, resulta necesaria la sanción de los responsables y la eliminación de la impunidad. En algunos estados mexicanos, se han adoptado medidas adecuadas y recursos humanos y materiales crecientes en la atención a víctimas y adopción de alertas (como Alba) y de protocolos especializados de investigación de feminicidios. Sin embargo, en esos mismos estados la tasa de homicidios y feminicidios se mantienen muy elevadas, lo que indica que no se está operando efectivamente en la prevención y políticas de reducción de las violencias.
Hay consenso sobre la necesidad de un abordaje transversal de los diversos tipos de violencias, para evitar que lleguen al extremo del homicidio. El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres refiere que cuando se investigue un feminicidio debe analizarse las deficiencias y omisiones de las autoridades en actos como “el registro de denuncias de violencia previa ante autoridades de policía, administrativas o judiciales…[documentar y reunir evidencia sobre]…la manipulación, el ejercicio de la fuerza o la intromisión arbitraria y la afectación de la libertad o intimidad de la víctima a través de medios electrónicos, redes sociales, telefonía fija o celular, etc.” (p.58).
Por ello deben de reforzarse el impulso de los programas exitosos de prevención y reducción de las violencias, mejorar la operación y eficacia de las medidas de protección (como brazaletes de alarma); los trabajos para el manejo de nuevas masculinidades y de servicios de asistencia, tratamiento y acompañamiento para personas que han violentado a otras personas.
Debe aprovecharse el nuevo modelo de la Ley General de Justicia Cívica, que contempla la policía de proximidad, atención y reducción de vulnerabilidades, así como la aplicación de justicia alternativa. Su implementación ha sido muy exitosa en municipios como Escobedo, Nuevo León; Morelia, Michoacán y Tonalá, Jalisco, registrando hasta un 35% de reducción en delitos violentos.
También México Evalúa ha documentado cómo el análisis y georreferenciación de las llamadas al 911 y a la “Línea mujer” de la Ciudad de México da valiosa información para la prevención, la intervención focalizada y la inteligencia policial.
Si no se atiende este aspecto preventivo y de contención, la saturación y colapso de las áreas de atención e investigación de desaparición de niños, niñas adolescentes y adultos; homicidios y feminicidios no podrán revertir la terrible impunidad.
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