En las prisiones se evidencian los extravíos, las insuficiencias y las incongruencias de la política criminal. Se dice que la última respuesta de una sociedad debe ser el derecho penal y la última respuesta del derecho penal debe ser la prisión.
El objetivo de la adopción de un sistema de justicia penal de corte acusatorio fue el fortalecer la presunción de inocencia, impulsar las soluciones alternativas como la mediación penal y los acuerdos reparatorios en favor de la víctima, en los casos no violentos, para reservar la investigación criminal y el proceso penal para los casos de mayor impacto social como homicidios, desapariciones, secuestros, violaciones, entre otros.
El sistema acusatorio comenzó a dar resultados desde 2014 en el que se hicieron uso de medidas cautelares distintas a la prisión para garantizar que los procesados no se dieran a la fuga, y logrando que solo los delitos de alto impacto llegaran a juicio. Se incrementó en 180% el uso de la mediación penal y las personas sometidas a prisión preventiva se redujeron de 110 mil en 2014 a 75 mil en 2018.
Sin embargo, la reforma constitucional de 2019 que duplicó el número de delitos (de seis a trece) y categorías delictivas para los que se aplica la prisión preventiva automática u oficiosa revirtió esos avances. El legislador sembró vientos y hoy la sociedad cosecha tempestades. En la actualidad los internos en prisión preventiva ascienden a 103,991. En siete meses (febrero a septiembre de 2025) se incrementaron en 13 mil.
El hacinamiento y sobrepoblación son críticos en algunos estados como Nayarit: 279% de ocupación penitenciaria, Estado de México, 257%, Durango 210%. Por ejemplo, el centro penitenciario de Chalco es el más sobrepoblado del país con 3,600 personas sobreviviendo en un hacinamiento de 648% de ocupación penitenciaria. Uno de cada tres internos padece un hacinamiento promedio de 178%. En 11% de los centros penitenciarios vive 32% de los internos (83 mil personas).
Se registra un abuso en el uso de la prisión preventiva. Como muestra un botón: el 60% de las 8,654 personas condenadas por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército (5,539 personas), que desde 2019 padecen todos prisión preventiva, recibieron una sanción de menos de tres años de prisión, es decir, al ser sentenciados, después de padecer prisión por dos años en promedio, reciben de inmediato una prelibertad o se les conmuta la sanción por una multa de 6 mil u 8 mil pesos.
Es una sinrazón de política criminal. Cada vez los sistemas penitenciarios son más costosos, cuando al menos la mitad de las personas procesadas podrían estar en libertad. Cada interno cuesta al erario en promedio 425 pesos diarios. Se agotan los recursos para prevención del delito, la justicia terapéutica y el combate a las causas sociales del crimen. La política criminal mexicana es una de las más completas del mundo: porque es política y es criminal.
