Decía el filósofo Gustav Radbruch, que si queríamos conocer a una sociedad, habría que leer su Código Penal y visitar sus cárceles. Pues nuestros indicadores penitenciarios muestran que ha fracasado nuestra política criminal.
El sistema acusatorio buscó que conductas no violentas como injurias verbales, calumnias, difamación y daño en las cosas derivados de accidentes de tráfico salieran de los códigos penales y se resolvieran por mediación y por solicitudes de reparación civil. A las lesiones y homicidios no intencionales derivados de accidentes procede mediación con reparación del daño, lo mismo que a los delitos patrimoniales no violentos (solo por una ocasión). De igual forma, otros delitos no violentos podrían solucionarse por suspensión del procedimiento a prueba. De forma que solo los delitos violentos recibieran una investigación criminal esmerada y encontraran juzgados expeditos para su atención y, en su caso, sanción.
El nuevo sistema buscó reducir a la menor expresión la prisión preventiva. Sin embargo, una reforma de 2019 y otra de 2024, se triplicaron los supuestos por los que procede prisión preventiva, lo que se ha traducido en el incremento irracional de personas en prisión.
El legislador ha sembrado vientos y las cárceles han cosechado tempestades de hacinamiento. En los últimos seis años se pasó de 200 mil a 254 mil personas en prisión, sin que los delitos de alto impacto cedan ni las familias se sientan más seguras. 10% de las personas en prisión preventiva resultan absueltas y 35% reciben sanciones de menos de tres años de prisión, que se cambian por multas o procede preliberación, pero ya que se afectó irreversiblemente a las personas con la prisión. Cada persona en prisión cuesta al erario diariamente 400 pesos.
3 de cada 5 personas privadas de la libertad en México (62.8%),159,469 internos de los 254,109 internos del país sobreviven en condiciones de hacinamiento. 37.1% (94,311) de los internos se concentran en 13% de los centros penitenciarios (36 de los 276 centros penitenciarios). Estas 94,331 personas sobreviven en condiciones de hacinamiento de 184% de ocupación penitenciaria promedio. El más saturado: el centro penitenciario de Chalco al 625% de su capacidad.
Es prácticamente imposible que en estas condiciones se pueda dar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, o se pueda lograr el acceso al trabajo, la capacitación para el mismo, el acceso a la salud y a la educación para los internos, que son los ejes de la reinserción que establece el artículo 18 de la Constitución. En hacinamiento se da castigo sin justicia, y sin aportar nada a la seguridad, porque los recursos se van a castigar personas procesadas por delitos no violentos, y escasean para atender problemas sociales, mejorar la vigilancia y la investigación criminal de los delitos graves que comete el crimen organizado que son los que nos han robado la calma.
