La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas mexicanas son iguales ante la ley. La práctica, en muchos sentidos, no. Persisten distinciones según su origen de nacionalidad, que hoy deben ponerse bajo escrutinio democrático.
Ello obliga a formular preguntas fundamentales: ¿Existen mexicanos con conjuntos distintos de derechos? ¿Hay oportunidades dispares para acceder al servicio público? ¿Estamos desaprovechando talento valioso solo por la vía mediante la cual se obtuvo la nacionalidad?
Nuestro marco jurídico todavía contiene distinciones significativas entre quienes son mexicanos por nacimiento y quienes lo son por naturalización. Si bien ciertos cargos estratégicos justifican restricciones específicas vinculadas a la seguridad nacional o a la conducción del Estado, muchas otras limitantes carecen de sustento en un orden constitucional que coloca la dignidad humana en el centro.
En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inválidas diversas normas que excluían a mexicanas y mexicanos por naturalización del acceso a cargos públicos. La razón es clara: la naturalización genera vínculos plenos con el Estado mexicano y faculta el ejercicio general de los derechos políticos. No existe argumento democrático ni constitucional que sostenga que una persona mexicana por nacimiento es “más apta” que una mexicana por naturalización.
En esta misma ruta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha consolidado criterios que fortalecen el principio de igualdad. Un precedente relevante es el SUP-JDC-2481/2025, en el cual se determinó que exigir nacionalidad por nacimiento para acceder a una magistratura electoral local constituye trato discriminatorio y no supera un test de razonabilidad. En consecuencia, se ordenó emitir una convocatoria sin esa restricción.
Este tipo de resoluciones no solo reconocen derechos individuales: replantean los cimientos del acceso al servicio público en México y obligan a interpretar la Constitución desde una perspectiva igualitaria.
En los próximos días, el Senado de la República tendrá una oportunidad trascendental. Al realizar las designaciones de magistraturas electorales locales en prácticamente todo el país, deberá armonizar sus decisiones con los estándares de igualdad desarrollados por la Suprema Corte y por el Tribunal Electoral. Se trata de un momento clave para afirmar que el servicio público debe estar abierto a todas las personas mexicanas que cumplen con los requisitos constitucionales, sin distinciones ajenas al mérito y a la ley.
La igualdad se construye con decisiones públicas valientes. Cada decisión que abre las puertas del servicio público a mexicanas y mexicanos —por nacimiento o por naturalización— fortalece nuestra democracia y amplía nuestras capacidades institucionales.
México debe ser un país donde la igualdad ya no sea una aspiración, sino una experiencia cotidiana; un país donde nadie valga más ni menos por la forma en que llegó a ser mexicano o mexicana. Ese es el verdadero sentido democrático de nuestra Constitución.
