La alternancia acaecida en 2018 no ha tenido los resultados esperados.
En teoría somos una república federal, pero en la práctica no es así, el centralismo político en nuestro país se está fortaleciendo con el presidente López Obrador, la autonomía del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está siendo afectada por la intromisión del ejecutivo federal en sus asuntos internos.
Durante los gobiernos priístas se dijo que México aspiraba a ser un país de instituciones, con la transición democrática (iniciada en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados) parecía que se iba lograr, sin embargo, sigue sin concretarse.
La política de forma y fondo del actual Gobierno Federal es la de ejercer el poder a través del liderazgo unipersonal del presidente.
Se regresó a la política del caudillo en donde todo gira en torno a lo que desea el jefe del ejecutivo federal en lugar de proponer una política de construcción de instituciones.
Los organismos autónomos son defenestrados y atacados por la Cuarta Transformación, COFECE, INAE, CONEVAL, INE, CNDH, IFETEL y otros organismos sufrieron cambios en su estructura interna.
Debido a que el Gobierno Federal no ha tenido éxito en extinguir los organismos constitucionales autónomos el presidente y su partido político, MORENA, impusieron como titulares de éstos a políticos ligados a la Cuarta Transformación a pesar de que no reunían el perfil y el conocimiento técnico para encabezarlos.
Los partidos políticos, parte fundamental de todo sistema político, son desprestigiados por la población, necesitan abrirse a la ciudadanía, definir qué es lo que defienden y promueven, establecer abiertamente que ideología abanderan, dentro de su agenda política deben involucrar a todos los sectores sociales y económicos para que tengan propuestas atractivas que ofrecer al electorado.
Es indispensable hacer un llamado a los actores que forman parte del sistema político mexicano para que ejerzan el papel que les corresponde con vocación democrática.
En México si aspiramos a tener un estado de bienestar tenemos que impulsar políticas de estado en seguridad y en derechos sociales (en materia de salud, justicia social, educación, vivienda, política laboral y salarial, seguridad social).
Mientras los políticos sigan con los discursos vacuos de siempre nunca será posible construir un proyecto de estado nación que lleve a México a ser un país desarrollado.
