Morena procedió en Baja California en sentido contrario a como lo hizo el PAN en Puebla y Veracruz, en 2016, donde respetó los períodos de 20 meses y dos años para los cuales fueron electos José Antonio Gali y Miguel Ángel Yunes, respectivamente.
El plazo se acortó como resultado de la reforma al artículo 116 constitucional de 2014, para empatar las elecciones locales con las de presidente, diputados federales y senadores, y regresar a los gobiernos de seis años a partir de 2018.
Gali y Yunes también pudieron haber promovido en los congresos de sus estados una norma equivalente a la «Ley Bonilla» para prolongar sus mandatos a cinco años, o al menos intentarlo, como Morena pretende hacerlo en Baja California.
No se atrevieron, pero tenían otras motivaciones. En el caso de Gali, allanarle la sucesión a Martha Érika Alonso —esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, con quien colaboró como secretario de Infraestructura y alcalde de Puebla.
El incentivo de Yunes, en Veracruz, consistía en heredarle a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez la gubernatura de seis años, pero el morenista Cuitláhuac García ganó en su segundo intento.
De esa manera, Acción Nacional perdió dos estados estratégicos, mientras el PRI se desplomó. En Puebla, su candidato Alberto Jiménez captó el 18% de los votos; y en Veracruz, José Yunes Zorrilla obtuvo el 13%.
El PAN es la segunda fuerza en ambas entidades.
Con leyes «Bonilla» o sin ellas, los estados están plagados de nepotismo —«corrupción sanguínea» lo llama Ricardo Peralta, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM (Excélsior, 31.07.17)—.
Los gobernadores se las ingenian para conservar el poder a través de sus hijos, esposas, hermanos o peones, no en todos los casos con éxito.
La experiencia de Coahuila, con los Moreira, resultó funesta; y a pesar de la megadeuda, las masacres, las desapariciones forzadas y las empresas fantasma, nadie se ha atrevido a apretarles las clavijas. AMLO pude poner fin a la impunidad y forzar al estado a actuar.
El caso de Baja California es grave, pues para forzar la ampliación del gobierno de Morena se vulneran las constituciones federal y local. Jaime Bonilla fue electo para un periodo dos años y por lo tanto no debe ejercer el cargo ni un día más. El presidente debe definirse, ya.
