El 6 de marzo tiene un significado importante para mí. Celebro mi cumpleaños y es la fecha en la que el Congreso aprobó la despenalización del delito de difamación en México. Fue concretamente el 6 de marzo de 2007, cuando el Senado mexicano aprobó por unanimidad la despenalización de los delitos de difamación, injuria y calumnia, convirtiendo la reparación del daño moral en un asunto de carácter civil.
El tema es cercano a mi corazón porque en 2003 formé parte del grupo de periodistas, ciudadanos y expertos legales que llevaron la despenalización del delito de difamación a la agenda pública, a través del informe titulado El Periodismo no es un crimen. Utilizando documentos y reflexiones doctrinales, el informe argumenta que la amenaza de cárcel es simplemente incompatible con la libertad de expresión. En el contexto legal esto se conoce como efecto de enfriamiento o chilling effect. Inhibir o desalentar el ejercicio legítimo de los derechos legales y naturales, a través de la amenaza de sanciones legales como la privación de la libertad.
El documento sirvió para la creación de un foro internacional auspiciado por un periódico de circulación nacional y La Relatoría Especial de la OEA sobre libertad de expresión que a su vez inspiró las iniciativas con las que finalmente se logró la supresión de los delitos de difamación y calumnia en nuestro país.
Hace algunas semanas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por una posible reforma judicial impulsada por la bancada de Morena en el Congreso y por la Fiscalía General, que reconvertiría la difamación en un delito penal, “retrotrayendo al país a épocas en que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar”.
La libre expresión y difusión del pensamiento es un derecho fundamental. La declaración de Chapultepec la describe como “el motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano”, pero el abuso de los instrumentos legales para defender el buen nombre de las personas da paso a una forma extrema de limitación a estas libertades, que es el acoso judicial. Sobre todo dirigido a quienes ejercen el periodismo independiente y crítico en México, en un momento en el que el entorno presidencial hostiga y descalifica a sus críticos.
@Enrique_Acevedo
