Las recientes demandas en contra de diversas plataformas digitales argumentando ser deliberadamente adictivas coloca el debate sobre la permisividad o prohibición de éstas entre los usuarios, especialmente los menores de edad.
Es verdad que las plataformas digitales operan bajo criterios de rentabilidad que vienen dados por los contenidos que son más visibles y que intencionalmente se colocan en los primeros lugares de aparición cuando se navega por entre esos espacios.
La opacidad que hay detrás de la selección de dichos contenidos esconde ganancias de millones de dólares, e inmensas redes de subcontrataciones de personas cuya única función es etiquetar contenidos y formar jerarquías entre ellos. Con sueldos ínfimos y jornadas extensas, sin protección legal ni prestaciones, quienes dirigen las plataformas aprovechan la situación de vulnerabilidad de muchas personas para ofrecerles las migajas de una hogaza que se comen ellos solos.
Así funcionan los gigantes digitales y así funciona nuestra dependencia a permanecer largos períodos de tiempo transitando de un contenido a otro mientras la Inteligencia Artificial detecta nuestros gustos y preferencias y nos arroja contenidos similares y cada vez más apetecibles, lo que garantiza nuestra permanencia.
Por si las anteriores no fueran razones suficientes, mostrar el contenido más gustado o el producto mejor valorado tiene por objetivo enganchar al usuario en la absurda, pero provocativa idea de que no es él ese a quien ve o de quien no tiene el producto anunciado o necesita adquirir más para ser como aquél a quien sus likes lo han colocado como trend.
Esto ha provocado cuadros de ansiedad y depresión, especialmente entre poblaciones menores de edad, que carecen del juicio suficiente para poder entender los mecanismos que operan detrás de los muros de las redes sociales.
Ante esta avalancha de aspectos negativos, ¿qué queda? Prohibir la navegación a ciertos sectores o unir fuerzas para que tanto usuarios como creadores y dueños de plataformas colaboren para dirigir esfuerzos en bien de la sociedad.
Lo segundo exige grandes cantidades de responsabilidad: para los usuarios implica la reflexión necesaria sobre fines, tiempos y usos para los cuales se utilizarán las plataformas y la consecuente autodisciplina y autocontrol para atenerse a ellos.
Para los dueños y generadores de plataformas y espacios digitales conlleva el diseño de pausas que no permitan tiempos prolongados de permanencia, selección de contenidos para colocar los veraces por encima de los fascinantes, la implementación de sistemas robustos de privacidad y confidencialidad de los datos que recogen, ecosistemas digitales donde la justicia laboral sea una realidad y no sólo una aspiración, contar con una clara declaración de propósitos y modos de operación, y un largo etcétera.
De este modo, ambos sectores: usuarios y generadores y/o dueños, adquieren una responsabilidad frente a una realidad que está ya presente en nuestras vidas de forma cotidiana y que nos exige otorgarle el lugar que le corresponde como herramienta y medio.
Pensemos distópicamente: ¿qué pasaría si en un futuro no muy lejano, ahora fueran las grandes plataformas las que demandaran a los usuarios por un uso excesivo que les ha generado grandísimas cantidades de sobreproducción de contenidos que son incapaces de procesar? ¿A quién debiéramos culpar por una adicción? A las plataformas digitales o a los usuarios que, hoy en día, no encontramos la forma de vivir sino es a través de las pantallas?
