La iniciativa que promueve la asistencia para morir en México ha ido cobrando fuerza este año. A partir de testimonios como el de Samara Martínez se promueve que los pacientes que aún gocen de capacidad para tomar decisiones y que se encuentren en etapa final de su vida y experimenten un sufrimiento considerable puedan solicitar ayuda para morir. Esto se da en el contexto mexicano en donde aún no se ha avalado jurídicamente ni la eutanasia ni el suicidio asistido.
La asistencia médica para morir se refiere a que, ante la solicitud de un paciente que cumpla determinadas condiciones, un médico pueda asistirle a morir mediante la administración de fármacos que provocarán su muerte. Cabe decir que, esta acción únicamente se refiere, en el contexto mexicano, a la “ayuda” proporcionada por un profesional de la salud, no se extiende ni a la familia ni al mismo paciente en cuyo caso sería un suicidio asistido. También hay que decir que, la iniciativa mencionada sólo contempla el aval en circunstancias en donde es el mismo paciente quien la solicita y no la familia o el médico, lo que la reduce sólo a los pacientes que aún están conscientes.
Ahora bien, con independencia de las posturas personales, la iniciativa defiende la capacidad de tomar decisiones de los pacientes pero presenta algunas dificultades que vale la pena considerar ante lo que parece ser su inminente aprobación:
1.- En México no contamos -aún- con una escala de medición de la capacidad para tomar decisiones que evalúe verazmente que quienes deciden están libres de manipulaciones o coerciones, que tengan un estado mental que favorece el entendimiento de su propia condición y de lo que solicitan, un juicio interno equilibrado que argumente el por qué de sus decisiones.
Esto puede complicar una iniciativa como la que se pretende empujar ya que podrían colarse algunas decisiones en que la decisión del paciente no está del todo libre de presión, el paciente no logra asimilar del todo su condición o no entiende las implicaciones de sus acciones o se encuentra emocionalmente devastado para poder tomar una decisión equilibrada.
Por ende, un primer reto sería contar con esta escala validada y oficial. Ya existen algunas propuestas y publicaciones al respecto, convendría estudiarlas para acompañar y fortalecer la iniciativa.
2.- En México el tema de la objeción de conciencia aún no termina de afinarse desde la acción de inconstitucionalidad promovida en 2018 que afirmaba que el artículo 10 bis de la Ley General de Salud podía interpretarse como la negación de la atención médica en razón de creencias personales. Esto conlleva la problemática de que, ante un tema como la muerte asistida donde las creencias morales y religiosas levantan ámpulas por uno y otro lado, valdría terminar de esclarecer la noción de objeción de conciencia donde se pudiera defender tanto la libertad de unos para solicitarla, permitirla y realizarla como la reserva de otros para no hacerlo respetando ambas posturas.
3.- En fechas recientes de este 2026, España, que avaló su ley de eutanasia en 2021, se presentó el caso de Noelia Castillo, quien había solicitado la eutanasia bajo el argumento de una afección psicológica de la que no lograba curarse y una discapacidad y, a pesar de que la ley mencionaba únicamente el aval para casos de enfermedad terminal declarada, se le permitió proceder con su petición de la eutanasia.
Esto abre un debate interesante que conviene advertir: por más que se detalle en una iniciativa las condiciones que deben cumplirse para que una acción se dé, la fuerza de la costumbre, los convencionalismos sociales, la falta de ética de unos, la presión mediática, el desborde de emociones, etc. siempre serán factores que puedan quebrar dichos condicionamientos y hacer entrar en ellos otros nuevos aunque su objetividad no sea tan clara.
Si en México se avala la muerte médicamente asistida por la presentación de una enfermedad terminal, ¿qué nos asegura que, dentro de unos años, no serán también extendidos los motivos a otros cuya única salida sea percibida con la muerte? ¿Tenemos la madurez social y legislativa para evitar que esto suceda?
Entender, empatizar y luchar para aliviar el sufrimiento y el dolor son acciones loables, buscar formas de proteger nuestra libertad también lo es, sólo no olvidemos que toda acción libre viene acompañada de responsabilidad y ésta se extiende no sólo a uno mismo sino a quienes nos rodean y a otros, incluso, a nuestro propio país.
