La elección del Poder Judicial del pasado domingo es un primer punto de llegada de un largo proceso llamado reforma judicial que comenzó formalmente en febrero de 2024, cuando el entonces presidente López Obrador presentó un paquete de enmiendas constitucionales para revertir el orden neoliberal considerado contrario al interés público.
Pero incluso desde 2021 —y en virtud de los vientos de cambio que ya soplaban desde 2018—, el ex presidente emplazó al propio Poder Judicial a emprender un proceso de reforma desde dentro, cuando Arturo Zaldívar presidía la Suprema Corte.
Es importante recordar este hecho, dado que lo que quedó de manifiesto es la negativa de este poder a conducir su propia transformación pese a haber admitido la existencia de altos niveles de corrupción, nepotismo, ineficiencia y profundo alejamiento de la sociedad.
La reforma judicial es más que la elección de cargos del Poder Judicial. El proceso electoral es la base para la refundación, pero no es el único hecho que la caracteriza. Entre otras cosas, garantiza la paridad de género, los plazos máximos para resolver asuntos, el establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial para vigilar a un poder históricamente cerrado y opaco y medidas de austeridad. Ahora bien, la elección del primero de junio, más allá de descalificarse o aplaudirse a priori, requiere analizarse y valorarse en su justa dimensión.
En primer lugar, con respecto a la participación de 13 por ciento hay que partir del hecho de que en México, aparte de la elección presidencial que es la que suscita la más alta participación, el resto de estos ejercicios formales siempre tienen bajísimos índices; pensemos en las consultas públicas sobre temas específicos o los presupuestos participativos locales que no son precisamente tan nuevos y siempre son cuestionados debido a su escasa participación, cuando la realidad es que este país tiene una democracia que todavía es joven, aunque los ideólogos de la transición a la democracia nos hayan vendido la idea de que ésta ya era un hecho incontrovertible y consumado a partir de la alternancia partidista.
Se está todavía lejos de tener una cultura de participación consolidada, algo sabido por cualquier analista serio y, en este sentido, no se trata de justificar, sino de entender que este porcentaje es responsabilidad de varios actores e instituciones políticos, no lo es únicamente de la autoridad electoral ni de la Presidencia, ni de los partidos políticos que aprobaron la reforma, ni de la oposición misma. En tal caso es una responsabilidad muy compartida y cada parte se tendrá que hacer cargo de ello en el balance posterior.
En segundo lugar, se ha hablado mucho del uso de los llamados acordeones, entendidos como las listas con los números de determinadas candidaturas para ser marcadas en las muchas boletas de esta elección. Repito, más que justificar se trata de entender todo lo que entrañó esta jornada electoral y, en el caso de estas listas, esta votación fue bastante compleja y hay que decir que prácticamente nadie o si acaso alguien con una excelente memoria podría haberse aprendido todos los números y votar de memoria. Evidentemente esas listas existieron y, de hecho, fueron varias; ni siquiera es que fuera un único acordeón, sino que circularon muchos, tanto en las calles como en las redes sociodigitales y entre familias y amistades.
Haría falta un análisis detallado del comportamiento del voto, pero es incorrecto afirmar que esta elección fue determinada por un acordeón que abrió como llave maestra una puerta. Hubo candidatos que aparecieron en varias listas y aun así no llegaron; hubo otros que no aparecieron y alcanzaron resultados muy notables, pese a no haber ganado. Y hubo gente que votó a partir de haber dedicado mucho tiempo a la revisión de perfiles y propuestas de las candidaturas, así como a la discusión con otras personas antes de tomar su decisión.
Al ser inédita, la elección judicial es un procedimiento muy perfectible. Por supuesto que tuvo fallas, que pudo haber sido diseñado de un modo más sencillo e, incluso, en etapas o más gradual, algo que hubiese resultado más fácil para la ciudadanía, pero con más dificultad y más gasto para la autoridad electoral. Sin embargo, cabe volver a preguntarse si además de los escollos propios de una elección nunca antes realizada en nuestro país, los resultados hubieran variado si los sectores opuestos a la reforma hubiesen participado en lugar de haberla boicoteado.
En lugar de haber aceptado el reto y haber cumplido con su responsabilidad, estos sectores podrían haber competido y seguramente habrían podido colocar a varias personas en las posiciones disputadas.
¿Por qué claudicaron? La democracia se ejerce y se materializa especialmente a partir de ejercicio del voto, no absteniéndose. A la ciudadanía se le convence con propuestas, con estrategias, no con un llamado a la inmovilización. La elección no era un referéndum de la reforma judicial, sino un momento clave de un proceso que ya está echado a andar desde hace tiempo. Quedará para la historia la falta de responsabilidad de quienes no votaron, no propusieron y siguen sin tener un proyecto alternativo a lo que rechazan. México requiere un bloque opositor que ofrezca propuestas y no se desentienda de la acción política dentro de los cauces institucionales y legales.
Por último, pienso que siempre será preferible un proceso democrático a la decisión discrecional y elitista para elegir a las personas servidoras públicas, como siempre lo fue en el Poder Judicial. El voto popular no destruye autonomía, sino que profundiza la necesaria transparencia y rendición de cuentas que todo Poder de la Unión está obligado a cumplir. Este poder requería una auténtica transformación; todas las encuestas y opiniones que la ciudadanía tiene acerca del acceso a la justicia lo dejan muy mal parado; poquísimas son las tesis jurisprudenciales que atienden derechos económicos, sociales y culturales en contraposición a aquellas de temas empresariales y fiscales.
Una justicia elitista de y para los poderes fácticos no podía seguir siendo en un país que se está transformando. Cuando las personas juzgadoras son electas por el pueblo, tienen un mandato explícito para servir al interés público y una obligación de volver el acceso a la justicia una realidad que lo sea especialmente para los grupos históricamente excluidos y violentados. Todavía está por verse cómo avanza y resulta este proceso histórico de la reforma judicial, pero es deseable que todos los ganadores estén a la altura de cumplir cada cual con su responsabilidad, que entiendan que ahora más que nunca estarán en el ojo público.
