La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, sigue dando de qué hablar. Este último, en su fracción II, establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración superior a la del Presidente.
Posteriormente, el 20 de mayo de 2019, la SCJN resolvió en acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, que el Congreso de la Unión tenía que reformar la referida ley, a fin de que se establecieran excepciones en los casos de servidores públicos con un alto grado de especialización y experiencia.
Fue ésta una decisión muy criticada porque, evidentemente, los juzgadores del fuero federal, comenzando con los ministros de la SCJN, eran los más interesados en combatir la susodicha ley que, de manera considerable, afectaba sus privilegiadas remuneraciones que, en algunos casos, rebasaban los 500 mil pesos mensuales.
Ahora son los consejeros del INE quienes desafían la Ley de Remuneraciones. Advierten que no aceptarán el pago mensual de 143 mil pesos que determinó para ellos la Cámara de Diputados, en razón de que dicen ser profesionales altamente especializados.
Esto es lo mismo que determinaron los juzgadores, y aunque se rebajaron sus emolumentos en el presente año, siguen siendo muy elevados.
Tratar de justificar privilegios con el dicho de que se posee un alto grado de especialidad y experiencia, cuando todos sabemos que al servicio público no se accede por cualificación profesional, sino por buenas relaciones, francamente resulta ofensivo.
¿Quién no desearía determinar, de manera autónoma,lo que uno cree merecer ganar?
Aunque no se crea en otros confines, en este país unos cuantos privilegiados tienen poder suficiente para derrotar la ley. Bajo vigilancia ciudadana, urge reformar la Ley de Remuneraciones para que, con base en criterios objetivos y racionales, se determinen los emolumentos de los altos funcionarios.
