Contrario a los presupuestos teóricos de la división de Poderes de una república democrática, en la que se parte del principio debidamente constitucionalizado de que el poder del Estado es uno solo y se divide para su ejercicio en tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vivimos una medievalesca poliarquía neoliberal (gobierno de muchos).
Y por medio de esta poliarquía, los perdidos en las elecciones de 2018 gobiernan a través de la Corte y de los organismos autónomos. Obvio, en defensa del proyecto de estado neoliberal salinista. Pues, contrario a lo que asegura el Presidente, el neoliberalismo en México no ha sufrido ningún descalabro.
Soy de la idea de que un cambio pacífico del país, como el que promete el proyecto de nación de la 4T, no es posible sin un cambio institucional para estructurar las relaciones sociales en las que se sostengan los cambios que sean necesarios para una mejor convivencia social, pues se trata de convencer, no de vencer, cosa que no es posible realizar en un sexenio. Y la primera de las instituciones que tendría que transformarse, para facilitar el cambio anhelado, tendría que ser la más vieja que tenemos: el Poder Judicial.
Sin entrar aquí en detalles, el Poder Judicial que tenemos es el mismo con el que nació la República representativa federal mexicana con la Constitución de 1824, después del imperio de Iturbide instituido en 1821; por tanto, no obstante sus momentos de gloria, hoy nuestro Poder Judicial es un obstáculo para el cambio social porque, como bien lo dijo Lenia Batres, nueva ministra de la Corte: “No tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Corte”.
Ahora bien, sin un Poder Judicial compuesto por jueces independientes, poseedores de los saberes esenciales e instrumentales que pide la función de juzgar, ello sobre la base de una sólida formación deontológica judicial y hermenéutica jurídica, no es posible trasformar el Poder Judicial para que éste sea verdaderamente autónomo. Aclaro: la primera de las disciplinas mencionadas se ocupa del deber ser de una determinada profesión, y la segunda del fenómeno de la comprensión y la interpretación correcta de textos; ambas están en el olvido en la educación jurídica.
Volviendo al punto, no puedo dejar de enfatizar que la creencia errada de que el Poder Judicial es independiente llevó a los manifestantes contra la cancelación de los fideicomisos a gritar y enunciar en mantas como principales consignas que “El Poder Judicial no se toca”, “Libertad, libertad, independencia del Poder Judicial”.
Sin embargo, como antes dije, debido a que el poder del Estado es uno solo y se divide para su ejercicio en tres, ninguno de los tres Poderes es independiente de los otros dos, sino más bien, con base en el marco constitucional que nos rige, autónomos, y sus desacuerdos deben resolverse por medio del diálogo judicial y el debate político, no por medio de estériles confrontaciones y diálogos de sordos.
Para concluir cabe decir que desde la perspectiva de la teoría jurídica, observada por la mayoría de las constituciones, la condición esencial para que el Poder Judicial sea verdaderamente autónomo es que los jueces sean “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (Artículo 117 de la Constitución Española).
Solo los saberes esenciales e instrumentales y la formación deontológica y hermenéutica del juez posibilitan que éste sea independiente. De ahí que si la mayoría de los jueces está sometida, consciente o inconscientemente, no al imperio de la ley sino a los prejuicios del dios mercado, a prejuicios clasistas, a los credos de la religión que profesa, a sus preferencias ideológicas partidistas, al afán de acumular riqueza, etcétera. Entonces la consecuencia será que no haya una verdadera autonomía del Poder Judicial.
El autor es profesor universitario y director científico de la Academia Mexicana de Metodología Jurídica y Enseñanza del derecho, AC.
