No existe una cifra definitiva sobre el número de alcaldes asesinados en México. Sin embargo, “el Informe de Violencia Política en México, elaborado por Etellekt Consultores” y citado por MILENIO Digital el 10 de marzo de 2022, registraba 93 casos desde el año 2000.
Entre el 10 de noviembre de 2022 y el 1 de noviembre de 2025, las estimaciones registran entre siete y 10 alcaldes asesinados. Todo indica que, con ello, el número total de víctimas ya supera el centenar.
En Colombia, según Ramírez, J. G. (2003), en su obra Política y guerra sin compasión (editorial Federación Colombiana de Municipios), entre 1986 y marzo de 2003 fueron asesinados 162 alcaldes y otros 253 fueron secuestrados.
En la lucha contra el crimen organizado, los municipios –por su cercanía con la gente y su debilidad institucional– son los más vulnerables. La historia de Colombia lo demuestra: en los años 80, cuando en México apenas surgían los cárteles, los alcaldes fueron las principales víctimas del poder público.
Hoy ocurre algo similar en México. El pasado 1 de noviembre fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hecho que ha conmocionado al país como pocos. Esta tragedia, rápidamente politizada, se produce justo cuando la unidad nacional es necesaria para enfrentar, en mejores condiciones, la negociación del T-MEC.
En México no solo se libra una guerra contra la delincuencia organizada, así declarada formalmente por el entonces presidente Felipe Calderón, sino también una guerra simbólica. Se trata, stricto sensu, de una guerra en sentido operativo y político, no en sentido jurídico.
La guerra simbólica es un conflicto que se libra entre los partidos con significados y representaciones, no con armas. Busca imponer una visión del mundo, controlar el sentido de los símbolos, las palabras y la memoria, para obtener poder o legitimidad.
Parte de la guerra simbólica de la 4T se expresa en su consigna: “Atender las causas que originan la delincuencia organizada: ¡Abrazos, no balazos!”. Esta frase no implica renunciar a la lucha contra el crimen organizado. En contraste, la consigna del PRIAN es clara y frontal: “¡Guerra a la delincuencia organizada!”.
