Derechas e izquierdas deberían aprender la lección que de manera serena deja el presidente Donald Trump respecto al petróleo venezolano: cuando escuches el ruido de la navaja y veas que la espuma en casa del vecino se desborda, no celebres… prepárate para poner tu propio cuello.
Trump no habla en clave; habla claro y firme. El poder que siente —y que cree ejercer sin mediaciones— lo lleva a afirmar que el petróleo de Venezuela pertenece a los Estados Unidos.
No lo dice como amenaza; lo enuncia apodícticamente, como si se tratara de un hecho consumado. En su discurso no hay diplomacia ni ambigüedad estratégica, sino una concepción patrimonial del poder: para él, la política internacional no es un orden jurídico-racional entre Estados soberanos, sino una relación de fuerza, donde el más fuerte dispone de los recursos ajenos como si fueran propios.
Tampoco interpreta, define con precisión lo que quiere: “¡Es un bloqueo! No vamos a dejar que pase nada que no deba pasar. Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, se llevaron todo nuestro petróleo hace no mucho tiempo y lo queremos de vuelta, porque se lo llevaron ilegalmente”, dice.
En política, una cosa es suponer las intenciones del adversario o del enemigo, y otra es que las declare abiertamente. Con Trump no hay conjeturas: el interés de Estados Unidos en Venezuela es recuperar el petróleo nacionalizado por el presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, el 1 de enero de 1976.
Con esta misma lógica del poder, podría declarar lo mismo respecto de la expropiación petrolera mexicana, decretada por Cárdenas el 18 de marzo de 1938: que el petróleo de México es propiedad de los Estados Unidos y que, cuando él lo decida, se lo tendríamos que regresar.
Tal cosa no sería un exabrupto, sino la expresión de una visión imperial que desconoce la soberanía de los Estados y trata el derecho internacional como un estorbo cuando se opone al poder.
Con esa misma lógica del poder —aunque el poder sería lo único que nos faltara— México podría “expropiar” a Estados Unidos los territorios que Santa Anna se vio obligado a vender el 2 de febrero de 1848.
