El 15 de noviembre de 2024, el Sindicato del Cemento comenzó su afrenta en Hidalgo al buscar ingresar por la fuerza en la zona de minas de Zimapán, azuzados por personajes políticos locales y foráneos que hoy son identificados con el PRI y PAN de la región y con el PVEM de la zona de San Martín de las Pirámides y el Altiplano en el Estado de México.
Tras un primer intento de ingresar con el uso de violencia, amenazas a la población y trabajadores, conflictos con terraceros locales e incluso mostrándose en helicópteros y autos con personas de otras partes que no era Zimapán y municipios aledaños, el Sindicato del Cemento o como se hacen llamar en la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales, terminó por replegarse pero no por mucho tiempo.
Aquel primer triunfo de los zimapenses y sus representantes populares actuales, el presidente municipal Hermilo Trejo Rangel, la diputada local Alhely Medina, y líderes de comunidades, no cayó bien entre los grupos de poder local que por décadas estuvieron haciendo presencia en la zona, incluso vendiendo la imagen de que eran ambientalistas y aliados del pueblo, como lo fue el ex alcalde José María Lozano, su hermana Carmen Lozano, el ex diputado local Víctor Osmind Guerrero Trejo, Rufino Contreras, entre otros más.
Por eso da mucho de qué pensar el tema de la irrupción de transportistas mexiquenses, en su mayoría, que agremiados en el Sindicato del Cemento, pretenden quedarse con los contratos de las minas para extraer y trasladar el material pétreo, actividad a la que se dedican y de la que subsisten las familias hidalguenses de la región.
También por eso da a pensar que se tomó un tema tan sensible como el del caso de las dos menores víctimas de un delito grave, como bandera para poder realizar los bloqueos masivos en todo Pachuca y otras zonas del Valle de México.
De acuerdo con lo dicho por las autoridades de Hidalgo en la conferencia de prensa del 19 de febrero, la protesta de transportistas que asfixió a Pachuca no tiene nada que ver con el caso de las menores de Zimapán, pues dicho tema ya pasó por la justicia hidalguense y hoy está en manos del Tribunal Colegiado de Circuito. Es decir, se tiene que resolver en juzgados federales y con plazos que no dependen del gobierno de Hidalgo, ni del Poder Judicial local, ni mucho menos de la Procuraduría.
La información con la que se cuenta en Cuarto Piso de gobierno, es la que se ha mencionado en esta columna desde finales de 2024: el intento del sindicato que dirige José Neri Ortega Blancas de tener la distribución comercial del cemento en Hidalgo, así como contratos de diversas obras públicas por medio de empresas afines y por supuesto estar en las minas para que las empresas que explotan el material les paguen por los traslados.
Los denominados Transportistas Unidos de Zimapán, que agrupan a los trabajadores que son originarios del pueblo y que son parte de la economía circular junto a las empresas mineras, se desmarcaron de la manifestación y bloqueos y denunciaron que el Sindicato del Cemento intentó en noviembre pasado, mediante presión, bloqueos y la presencia de hombres armados, obtener el control de los contratos para el traslado de materiales, mismos que desde hace décadas han sido asignados a grupos de transportistas locales y que representan el sustento de cientos de familias.
Afirmaron ser un grupo de paz, comprometido con el trabajo y el bienestar de la comunidad, por lo que pidieron no usar el también el tema de las minas como bandera política.
Pero ¿cómo opera el famoso Sindicato del Cemento y porqué se menciona a José Neri Ortega Blancas?
Según consta en oficinas gubernamentales, existe un modelo de extorsión y generación de violencia mediante el uso de tácticas de amedrentamiento con las que se pretende controlar el sector del transporte de materiales de Hidalgo.
En 2020 ya había ocurrido algo similar en el entonces gobierno de Omar Fayad Meneses, con el mismo personaje quien sitió la ciudad y múltiples avenidas principales, como ocurrió este miércoles, buscando adjudicarse licitaciones y contratos, para ganar poder a través de obras públicas en el estado. Hacen bien en hacerle frente.
