La reciente "Operación Caudal" en el Estado de México ha destapado la cloaca del huachicol del agua, revelando una red de extracción y venta ilegal que, según estimaciones, desvía o roba hasta el 40% del líquido en la entidad. Este no es un simple delito; es un multimillonario negocio paralelo, sostenido por la complicidad política y operado bajo la fachada de supuestos sindicatos y organizaciones sociales.
La acción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y fuerzas federales, que ha intervenido pozos y asegurado cientos de pipas, es un paso audaz e indispensable. Se trata de recuperar un derecho humano que ha sido secuestrado y vendido con sobreprecios de hasta el 60% a familias que ya padecen el desabasto.
El meollo de la crisis no solo reside en la corrupción, sino en la determinación de la autoridad frente al chantaje. Tras los operativos, la respuesta de los grupos delictivos –algunos disfrazados de transportistas y purificadoras– ha sido el bloqueo de vialidades esenciales, paralizando el Valle de México y exigiendo la reapertura de los pozos.
Aquí es donde la postura del gobierno estatal y federal debe ser inquebrantable. Primero, no ceder al chantaje, no permitir que los grupos criminales sigan operando por temor a las protestas o al colapso vial sería una señal devastadora de debilidad y un aval tácito a la ilegalidad. La justicia no se negocia con la delincuencia organizada, por muy social que se disfrace.
Segundo, acelerar la alternativa legal, ya que, el cierre de pozos ilegales, aunque necesario, genera un vacío de suministro. La autoridad debe implementar inmediatamente planes de contingencia robustos y transparentes, garantizando el abasto por la vía legal y a costos regulados. La consigna debe ser que se combate el delito al tiempo que se garantiza el derecho al agua. Finalmente, limpiar la corrupción interna. La Fiscalía ha señalado la complicidad de autoridades municipales en esta red. De nada servirá clausurar pozos si los funcionarios que se hacen de la vista gorda siguen en sus puestos. Se necesita una purga profunda en las estructuras de gobierno para erradicar la protección política del huachicoleo.
El huachicoleo hídrico no es solo un problema de orden público, es un asunto de seguridad nacional que impacta la salud pública (el agua robada a menudo no está potabilizada) y la estabilidad social. La inacción o la tibieza de la autoridad solo perpetuaría un ciclo vicioso, escasez, venta ilegal a sobreprecio, y el empoderamiento de redes criminales que operan con total impunidad.
La ciudadanía exige firmeza. La Operación Caudal es apenas el inicio. Se debe ir a fondo, endureciendo las penas (como se discute en el Congreso local), persiguiendo a los autores intelectuales con corbata y desmantelando por completo el mercado negro. El Estado tiene la obligación de recuperar el control del suministro del líquido, un bien que es de todos y no un botín para unos cuantos.
