La violencia contra un presidente municipal como Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán, no es un hecho aislado sino la trágica evidencia de que en vastas zonas de México la autoridad legítima ha sido reemplazada por el régimen criminal. Este asesinato, perpetrado a pesar de sus reiterados llamados de auxilio para combatir delitos, desnuda la realidad. El crimen organizado ya no solo opera, controla y decide.
El alcalde Manzo, según los reportes, fue un actor político que se atrevió a confrontar ese control territorial, económico y político que el crimen organizado ha impuesto en Michoacán, afectando directamente mercados multimillonarios como el del aguacate y el limón. El mensaje de su muerte es brutal y claro, la subordinación del poder político local a la delincuencia organizada es la nueva regla.
Hemos pasado de la tolerancia a la complicidad o, peor aún, a la subordinación total. El Estado mexicano, a nivel federal y estatal, parece incapaz de garantizar el monopolio de la fuerza, dejando a figuras como Manzo y a sus municipios completamente a merced de quienes imponen su ley a punta de extorsiones, amenazas y, como en este caso, balas.
Este deterioro no es exclusivo de Michoacán. El avance del crimen organizado y su cooptación de las estructuras de gobierno es un cáncer que carcome a todo el país y que se replica con particular crudeza en el Estado de México.
En el territorio mexiquense, la cercanía con la capital no ha significado un blindaje; al contrario, ha convertido a sus municipios —especialmente en el Valle de México— en codiciados territorios para la extorsión (como el cobro de piso), el narcomenudeo y el robo de diversos bienes.
La presencia de grupos delictivos se siente en la vida diaria, y la complicidad o el sometimiento de las autoridades municipales son el engrane que permite que esta maquinaria de violencia se mantenga engrasada.
En ambos estados, la violencia contra políticos, empresarios y líderes sociales funciona como el mismo macabro mecanismo de silenciar a los opositores y enviar una advertencia contundente a quienes consideren desafiar.
El asesinato del ex alcalde de Uruapan es un espejo de lo que ocurre en el Estado de México y en muchos otros rincones de la República, y es el resultado de una absurda guerra que se inició en Michoacán para legitimar un gobierno. Ahora es responsabilidad de quien está al frente del gobierno asumir con determinación la responsabilidad de pacificar al país. Y después pedir cuentas al pasado.
