Que quince días después de la tragedia, de perder a su hermana, muebles, casa y su seguridad, hay algo que se sostiene y no solo a su favor: la impunidad. Ni aun después de la explosión de una fábrica en Guadalajara las autoridades no han podido hacer que los dueños cumplan por una vez con las víctimas. Irma Sánchez volvió a pararse ayer frente a lo que fue su hogar porque supuestamente iban a ir de los Aerosoles Francomexicanos para ayudarle con lo del entierro de doña Gloria, porque ni para una flor le dio la empresa ni apoyo recibió del gobierno.
Que en un mundo donde las sombras del cinismo político parecen alargarse, emergen faros de lucidez humana como Pepe Mujica. Durante su visita a Guadalajara, el expresidente uruguayo —emblema de la coherencia entre el decir y el hacer— se reunió con universitarios no para dar lecciones de poder, sino para compartir una verdad elemental: “Moriré feliz si logro acuerdos con la vida, porque todos, sin excepción, merecemos descansar en paz”. Sus palabras, lejos de ser una despedida nostálgica, son un acto de rebeldía contra la obsesión contemporánea por la eternidad del ego. Mujica, el hombre que gobernó desde la austeridad y convirtió su chacra en símbolo de resistencia al capitalismo salvaje, nos recuerda que la única inmortalidad válida es la que se construye con acuerdos colectivos.
Que Bolaños, Jalisco, es hoy el epicentro de un pulso histórico entre el derecho indígena a la autodeterminación y un Estado que aún mira con recelo la autonomía de los pueblos. La masiva participación mestiza y wixárika en las asambleas previas a la consulta del 18 de mayo no es solo un acto democrático: es un reto directo a un sistema que reduce la plurinacionalidad a folclor. Sea cual sea el resultado, este proceso terminará judicializado. El Tribunal Electoral recibirá su primer gran caso candente: decidir si un pueblo puede gobernarse por sus usos y costumbres o si el Estado seguirá imponiendo su monocultura jurídica. El IEPC cumplió con el ritual técnico de informar, pero la verdadera batalla no será en las urnas, sino en los tribunales. Si la consulta aprueba el sistema normativo indígena, las élites políticas cuestionarán su constitucionalidad, si se rechaza, se dirá que hubo presión institucional. La judicialización es la táctica para diluir una demanda ancestral en tecnicismos legales.
