Que resulta que los 10 millones de pesos que anunció el gobernador Diego Sinhue para la compra de unidades blindadas nomás no van a beneficiar a los elementos que han sido atacados sino a los funcionarios que se van, pues nos cuentan que cuando menos una será destinada a la seguridad el alcalde saliente, Javier Márquez.
Claro que la ley lo permite por un tiempo determinado, además de que podrá contar con escoltas proporcionados por la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que significa que además dispondrá de elementos que bien podrían estar cuidando a los ciudadanos. Lo que son las cosas: ausente en el tema de seguridad y beneficiado al mismo tiempo.
Que de hecho nos cuentan también que el dinero llegará directamente a la Tesorería Municipal y no pasará ni por asomo por la Secretaría de Seguridad, el proceso pasará por las comisiones de Hacienda y Adquisiciones y de ahí se determinará el uso que se le darán a las unidades blindadas.
De modo que evidentemente queda claro que si hoy que son panistas las administraciones tanto estatal y municipal el apoyo en materia de seguridad es limitado no nos queremos imaginar lo que podría pasar cuando las administraciones sean de colores distintos, por un lado y por otro. Tampoco digamos que, el apoyo federal, al menos hoy, sea el más eficiente.
Que quien sigue reuniéndose con diversos sectores de la sociedad es la gobernadora electa Libia García, quien ayer sostuvo un encuentro con la Cámara de la Construcción a quienes comentó que serán prioritarias las obras que mejoren la calidad de vida de los guanajuatenses en los municipios y sus comunidades.
Tras este aquelarre con los constructores, quienes esperan que esas grandes obras caigan en casa, participó en la sesión de Consejo de la Coparmex, donde se abordaron temas como participación ciudadana, seguridad, agua y mejora de salarios.
