El aborto es un privilegio de clase. No todas tienen, entonces no todas pueden. Así que todavía no es un derecho.
Hace un año volaron los pañuelos verdes en el Congreso de Jalisco como expresión de victoria de una de las tantas luchas feministas, pero fue un triunfo a medias.
Con manos tímidas y votos en secreto, las y los legisladores aprobaron el año pasado la despenalización de la interrupción del embarazo. Tres años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ordenara. El tema quedó cerrado, pero con una deuda pendiente: el acceso al procedimiento en el sistema de salud pública.
Colectivas y activistas apoyan con asesorías e intervenciones a las mujeres que desean interrumpir su embarazo y que son dejadas a su suerte por el Estado, que, un año después, se resiste a cambiar las políticas que garanticen el derecho a elegir la maternidad a todas las mujeres, independientemente de su edad o estrato social.
No se trata de una deuda mínima. Mucho menos en un estado que el año pasado ocupó el primer lugar nacional en abuso sexual infantil, y 70 por ciento de los embarazos de menores de edad fue resultado de violencia.
La legalidad del aborto quedó en el papel y los procesos jurídicos, pero fuera de las instituciones de salud pública. Ahí, solamente se puede practicar por las mismas tres causales que estaban tipificadas antes de la despenalización: violación, daño en la salud o riesgo de muerte en la madre. Pero ni siquiera estas razones son suficientes. En mayo de 2024, una niña indígena de 12 años, embarazada tras ser víctima de violación por un familiar, tuvo que ser intervenida en la Ciudad de México ante la falta de condiciones para practicarle el aborto en Jalisco. Una historia que no debe repetirse, y por eso no se puede esperar tres años más a que algún diputado o diputada levante la mano con firmeza para obligar al Estado a asumir su responsabilidad y garantice el derecho y el acceso a la salud reproductiva de las mujeres.
La maternidad no deseada es una condena impuesta por un Estado tibio, omiso y dogmático. Y mientras siga siendo un privilegio, no un derecho, persiste la lucha.
