Todo gobernante incapaz y sinvergüenza se dedica a inventar excusas y culpables.
La tragedia de Ayotzinapa ha sido manejada perversamente por este gobierno: desde su campaña, el hoy Presidente negó validez a la investigación hecha por la extinta PGR, y ha seguido rechazando que los estudiantes fueran entregados por policías municipales a unos sicarios, quienes los incineraron en un basurero de Cocula. Ofreció que, de llegar a la Presidencia, daría a conocer la verdad, hallaría a los jóvenes y castigaría a los responsables.
En el ocaso de este funesto gobierno aún no sabemos cuál es, según él, la verdad de lo sucedido ni qué pasó con los estudiantes o lo que de ellos quedó; pero eso sí: exoneró a muchos de los asesinos que estaban presos y confesos; tiene perseguidos o en prisión a funcionarios anteriores y se ha dedicado a difamar y acosar al Ejército y al Poder Judicial.
Hace escarnio del dolor de los deudos y no envía cientos de restos óseos a la universidad de Innsbruck (como lo pidió desde hace más de seis años la CNDH) no obstante que esa universidad ya identificó (por otros huesos que recibió durante la administración anterior) a tres de los desaparecidos.
¡Claro! los padres de los jóvenes acusan ahora al gobierno de mentiroso y puerco, así, con esos calificativos.
Para este gobierno no ha sido un caso que reclame verdad y justicia, sino la oportunidad para cebarse en contra de la administración pasada y sacar raja política.
Hay un hecho poco analizado y de enorme gravedad: la reciente declaración del presidente en el sentido de que él es quien “dirige, personalmente, las investigaciones sobre Ayotzinapa”. Lo cual refrendó Alejandro Encinas, hasta hace poco involucrado ilegalmente en esa investigación y ahora un simple chambelán de la corcholata.
Lo anterior demuestra el sesgo político dado a esa tragedia, y exhibe a Tartufo como un delincuente; y de eso lo acuso pues él no es Ministerio Público, y ninguna ley lo autoriza a dirigir una investigación penal, ámbito en el cual es, además, un esférico palurdo.
Ese atraco lo califica como un impostor que merece condena legal, moral y política, por corromper la investigación, violar derechos humanos y el debido proceso, y obstaculizar la justicia. Por eso ahora se halla atrapado en su propia inmundicia y entre dos fuegos: las violentas recriminaciones de los deudos, y el ¡ya basta! del Ejército nacional.
Pero toda esa felonía no puede ocultar la verdad de la tragedia: 43 jóvenes fueron entregados por policías municipales a unos asesinos, y éstos acabaron con los sueños de esos normalistas y con las ilusiones de sus familias.
Lacera a todo México el grito excruciante de: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, que se ha convertido en un sonsonete desgarrador que simplemente se lleva el viento.
