La recomendación 37/2020 de la CNDH contra militares por uso excesivo de la fuerza hace cuatro años en un retén en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como su apelación por parte del General Brigadier Héctor Mosqueda y el cabo Genaro Jiménez, puede abrir una caja de Pandora.
Según la queja de la ombudsperson Rosario Piedra, la desproporcionada acción castrense provocó que perdieran la vida varias personas, incluyendo una mujer que recibió una bala perdida mientras conducía su camioneta. “No se acreditó que las fuerzas armadas que participaron en los hechos hubieran empleado la fuerza de manera gradual a través de mecanismos para controlar, detener o restringir los movimientos, tanto de individuos como de vehículos”, sentencia la queja oficial.
Esta no es la primera vez que civiles mueren a manos de soldados en operativos bajo el contexto de la política de combate al crimen organizado. La lista de víctimas es numerosa y abarca niños, mujeres, estudiantes, obreros, adultos mayores...
Dentro del Ejército se atribuye esta anomalía a procesos de enseñanza especiales que se ordenaron impartir durante el gobierno de Felipe Calderón, a través de las llamadas pistas de reacción 1 y 2 de los Centros Regionales de Adiestramiento (CAR) de cada región militar del país.
La pista 1 era de adiestramiento básico mientras que la 2 correspondía a acciones de avanzada. En la 1 se indicaba a soldados el manejo de puestos de control (retenes), donde cada elemento asumía su rol para detener el tráfico, interrogar conductores y revisar vehículos, pero también se les ordenaba de manera directa que cuando un vehículo evadiera el puesto, “la misión se convertía en la reacción y eliminación total de la amenaza”.
Los soldados salían así de su adiestramiento con la noción de disparar sin miramientos contra quien burlara los puestos de control. Por ello, desde entonces abundan tragedias de personas y familias con urgencias médicas, despistadas o simplemente temerosas de pararse en retenes militares, las cuales resultaron abatidas debido a esta lamentable instrucción militar.
Mientras la CNDH y la Sedena dirimen su actual controversia, ojalá que esta trágica orden sea borrada de los campos de adiestramiento castrense de nuestro país.
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