Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, Chiapas es un desastre. Eso concluye un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en el cual se advierte que el conflicto armado interno iniciado en 1994, lejos de haber terminado, continúa vigente.
Son varias alertas lanzadas. Está la de la proliferación y opacidad de los grupos armados que recurren a la violencia para obtener control social, político, económico y territorial en la zona, incrementando los despojos de tierra, la tortura, las desapariciones, los asesinatos y los desplazamientos forzados. Solo en este último punto, el Frayba tiene registradas 16 mil 755 personas desplazadas entre 2010 y octubre de 2022.
Me detengo ahora en los aspectos de la complicidad gubernamental, dejando para luego la violencia criminal y la remilitarización. Bajo el escenario de la complicidad oficial, se ha agudizado la disputa abierta de organizaciones corporativistas oficiales a fin de quitarle al EZLN las tierras que recuperó con su alzamiento.
El actual gobierno federal ha impulsado una reconfiguración territorial a través de “Sembrando Vida”, programa de apoyos oficiales que exige como requisito acreditar la propiedad legal de tierras en una región de por sí fragmentaria y con incertidumbre agraria, donde coexisten además las tensiones entre comunidades indígenas, como las zapatistas, que ejercen su derecho a la autodeterminación y las que someten sus territorios al control estatal.
Gracias a este proyecto central de la 4T, explica el Frayba, se ha creado “un nuevo sector clientelar que alienta los proyectos de desarrollo y militarización que traen consigo; y en la vida cotidiana se manifiesta en un desprecio patente por los derechos de los pueblos y comunidades. Este y otros tipos de impactos, tales como la desmemoria y la anestesia social, forman parte de la dinámica heredera de la doctrina militar estadounidense en la que, el control poblacional, es uno de los pilares fundamentales”.
“El objetivo de fondo es la imposición de un nuevo paradigma que reorganice los territorios, desde el control de la tierra, para el registro necesario, así como de los individuos a través de los técnicos y las dinámicas impuestas en las comunidades que no necesariamente corresponden a su realidad y necesidades”.
La discordia sembrada ya está cosechando muerte.
